Estaban socialmente anuladas. Asumían su papel con discreto celo. Eran «las segundas», y en tal condición impedidas de exigir un trato igual al de las esposas. Sabían que el día que reclamaran algún derecho matrimonial lo perderían todo, hasta el sustento de sus hijos.
Las reglas de la relación no estaban escritas, tampoco era necesario: el machismo las imponía de forma consuetudinaria. La idea era no parecerse a la esposa ni que el trato soportara alguna comparación.
Las queridas se tenían como gracia del machismo adinerado para escapar de un matrimonio mantenido por marca social, precepto religioso, apariencias urbanas o evitar la partición del patrimonio conyugal. Ellas debían suplir lo que ya no aportaba una relación cansada.
La querida era la amante «instalada», aquella que prometía el espacio para que el macho se sintiera como en su casa. Esa fantasía, de creerse extraño en sus propios dominios, le insuflaba cierto hechizo a la relación y afirmaba el ego semental del verraco.
Pero, igual, era una experiencia intermedia entre el desempeño coital de la puta y la sumisión casi monástica de la señora. Con ella la intimidad no respetaba ortodoxia. Era su campo de honor, donde ganaba ventaja y razón.
Eso sí, ella estaba compelida a probar sus mejores pericias como soberana de la cama, esas que con la esposa no se pedían ni se daban porque se creían profanaciones a la «santidad» del sacramento. Pero, como súbdita de la tiranía machista, estaba sujeta al mismo régimen de fidelidad que la señora. Ambas eran reas de esclavitudes paralelas bajo un mismo patrón de abusos.
La querida, como réplica postiza de la esposa, se perdió en el tiempo. Esa mujer arrimada y de existencia anónima caducó. Los vientos liberales de las sociedades de consumo trajeron nuevos formatos. La prostitución se reinventó bajo códigos estilizados de prestación. Así, nace el chapeo, sustentado por un machismo burgués de tercera edad.
La chapeadora no es ni la clásica querida ni la prostituta convencional. El chapeo es un emprendimiento individual en el que la muchacha es dueña de «su negocio». En la lógica del intercambio carnal, la exclusividad es una cláusula más en la negociación que se conviene a cambio de la instalación «full» de la chapeadora en un hábitat cómodo y condiciones distintas a las que merecía la querida de tiempos pasados.
La chapeadora es teóricamente fiel mientras se mantenga la provisión que soporte un estándar acorde con su mercado social. Esa exclusividad de uso se negocia, y es cara, porque es una consumidora voraz que compra bajo la premisa de que cualquier adquisición es para mantener sus ofertas estéticas. Su cuerpo es su principal activo, marca y good will. Para no perder ranking tiene que mantenerse mise à jour en moda, tendencias y hábitos de consumo; pero, igual, es una paciente compulsiva de cirugías estéticas, implantes y lipoesculturas. No es simple amante; es lujo burgués.
La cultura machista del poder impuso, por su parte, el «chapeo oficial», una prestación que se favorece del presupuesto público. En los gobiernos del PLD las amantes eran generalmente incorporadas en las nominillas B; algunas usadas como prestanombres de sociedades de carpeta, esas que los propios funcionarios utilizaban para participar en las contrataciones de obras y servicios del Estado. Figuraban igualmente adscritas al servicio exterior, aunque residieran en el país. La Cancillería se convirtió en una meca del empleo profano. Además, las que eran parte del jet set de los medios eran beneficiarias de la publicidad estatal.
En los gobiernos del PRM las amantes ocupan cargos en la cercanía del funcionario que las contrata. Suelen tener posiciones en protocolo, relaciones públicas, comunicaciones o bajo la eufemística noción de «asesoras», un concepto laxo que define cualquier prestación real o nominal. Igualmente, se las tiene como asistentes de despacho o resultan «bendecidas» con contrataciones directas. De hecho, uno de los beneficios de la posición es el poder político de contratar sin estar atado a requerimientos rigurosos de competencias. El uso discrecional de esa facultad ha engrosado la cantidad de personas no calificadas en la burocracia pública.
En la administración estatal tenemos una nómina equivalente a casi el cinco por ciento de la población, sin considerar beneficiarios de pagos disfrazados como servicios, contratas o asesorías, ni los trasiegos de fondos «por la izquierda». Si esa realidad la encuadramos en la cultura patológica del gasto público, es seguro que una buena parte del chapeo, como economía de servicio, tenga impacto real en las cuentas públicas. Entonces, lo que en principio era un asunto de incumbencia «privada» pasa a ser de interés público.
El Estado debe privilegiar el mérito frente al simple oportunismo del funcionario. La mayoría de las naciones en desarrollo y aún más las de primer mundo, someten la Administración pública a un régimen de control que toma en cuenta los méritos acumulados sin considerar las condiciones socioeconómicas ni personales de los candidatos; por eso cada día son más las plazas sujetas a selecciones por oposición.
Estamos de acuerdo con que la mujer tenga oportunidades y accesos, pero sobre la base de competencias probadas y no de concesiones personales (y menos carnales). Aquí el Estado y la mujer pierden como instrumentos de uso. El problema es que las amantes no tienen estampas partidarias y caben en todos los gobiernos… o allí donde decide un macho con cara y papadas de funcionario.
P.D. Esta reflexión nació en Madrid como correlato de la Feria FITUR y la nutrida delegación dominicana que, entre funcionarios, agregados y «asesoras», se movía en juergas y rondas nocturnas. ¡Olé!
La chapeadora es teóricamente fiel mientras se mantenga la provisión que soporte un estándar acorde con su mercado social. Esa exclusividad de uso se negocia, y es cara, porque es una consumidora voraz que compra bajo la premisa de que cualquier adquisición es para mantener sus ofertas estéticas.
