Santo Domingo, RD.– La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso Gómez, advirtió este miércoles que uno de los principales errores al abordar la corrupción es considerarla un delito sin víctimas, al señalar que la sustracción de recursos públicos repercute directamente en los derechos, los servicios esenciales y la calidad de vida de la ciudadanía.
Reynoso hizo el planteamiento durante la conferencia magistral “Hacia una gestión pública íntegra: prevención y lucha contra la corrupción”, impartida durante el acto inaugural del Foro de Contratación Pública, encabezado por el presidente Luis Abinader.
“Cada peso del patrimonio público que se sustrae deja de ir a los hospitales, a los centros educativos, a la infraestructura y, en definitiva, al desarrollo del país”, expresó.
“Todos somos víctimas”
La titular del Ministerio Público sostuvo que los recursos del Estado pertenecen a toda la sociedad, por lo que el impacto de la corrupción trasciende las pérdidas económicas y afecta directamente a la población.
“Si el patrimonio público es de todos, sustraerlo nos convierte a todos y todas en víctimas”, afirmó.
Explicó que el desvío de fondos puede traducirse en menos recursos para educación, salud, seguridad e infraestructura, áreas vinculadas directamente con derechos fundamentales, igualdad de oportunidades y desarrollo social.
Prevención como herramienta contra la corrupción
Reynoso sostuvo que una política efectiva contra el crimen debe incluir necesariamente el combate a la corrupción, pero también mecanismos que permitan prevenir las irregularidades antes de que produzcan daños al patrimonio público.
En ese contexto, destacó el papel de organismos como la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) y la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) en la vigilancia y prevención dentro de la administración pública.
La procuradora también llamó la atención sobre las consecuencias para los servidores públicos que incurran en prácticas corruptas, al advertir que este tipo de actuaciones puede comprometer su permanencia y futuro dentro de la administración estatal.
Foro aborda nueva Ley de Contrataciones Públicas
El Foro de Contratación Pública aborda los principales cambios introducidos por la Ley 47-25, entre ellos el nuevo régimen sancionador, la supervisión preventiva de las contrataciones, la coordinación entre organismos de control e investigación y la participación de la sociedad civil en la fiscalización de las compras estatales.
La agenda contempla además discusiones sobre gobernanza, libre competencia, recuperación del patrimonio público y prevención del fraude, con representantes de instituciones como la Contraloría General de la República, ProCompetencia, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Oficina de Recuperación de Patrimonio.
