En República Dominicana, el nuevo Código Penal ya está encendiendo las alarmas y uno de los temas que más preocupa a periodistas, comunicadores, abogados y ciudadanos es la figura del “ultraje” contra funcionarios o servidores públicos.
La gran pregunta que hoy se hace mucha gente es clara: ¿Hasta dónde llega la libertad de expresión y dónde comienza una posible sanción penal?
Con la entrada en vigencia del nuevo Código Penal en agosto de 2026, cualquier expresión que pueda ser interpretada como ofensiva, amenazante o contraria a la dignidad de un funcionario público podría entrar en debate legal dependiendo de la aplicación judicial.
Eso significa que comentarios privados, mensajes, escritos, imágenes o incluso gestos podrían generar controversia si son interpretados como una ofensa a la función pública.
Y aquí está el punto más delicado: en buen dominicano, muchos se preguntan si criticar fuerte, reclamar o señalar a un funcionario podría terminar en procesos judiciales.
La democracia vive de la crítica. El pueblo tiene derecho a opinar, denunciar, cuestionar y fiscalizar. Pero también el Estado tiene la responsabilidad de proteger a sus servidores de amenazas, agresiones y ataques indebidos.
El verdadero reto será que esta ley no se convierta en una herramienta de miedo ni de silenciamiento, sino en un instrumento de equilibrio entre respeto institucional y libertad ciudadana.
Porque en RD hay una cultura de hablar claro, de opinar fuerte y de “decir las cosas como son”. Y cualquier norma que toque la palabra, la opinión y la crítica pública inevitablemente genera debate.
