El Ministerio de Medio Ambiente depositó un recurso de revisión ante el Tribunal Constitucional (TC), buscando revocar una sentencia del Tribunal Superior Administrativo (TSA) que ordena la actualización del Catastro Nacional de Áreas Protegidas, lo que implicaría la exclusión de terrenos de la franja costera del Parque Nacional Jaragua.
La disputa legal enfrenta la “visión de desarrollo turístico” de la región suroeste contra el régimen constitucional de protección ambiental. El recurso se dirige específicamente contra la Sentencia 0030-1643-2025-SSEN-00786, dictada por la quinta sala del TSA, la cual acogió una acción de amparo de cumplimiento interpuesta por la sociedad comercial Inversiones del Sur, S.R.L.
El conflicto El caso gira en torno a varias parcelas ubicadas en los municipios de Oviedo y Pedernales, las cuales, según la empresa reclamante, quedaron fuera de los límites del Parque Jaragua tras la promulgación de la Ley 266-04. La sentencia recurrida otorgó un plazo de 30 días al Ministerio para actualizar el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, bajo la advertencia de una sanción económica de RD$500 diarios por cada día de retraso.
Sin embargo, el Ministerio de Medio Ambiente sostiene que esta decisión “vulnera principios fundamentales”. Según los argumentos presentados, la sentencia incurre en una «errónea ponderación de las piezas». La defensa se fundamenta en el artículo 16 de la Constitución de la República, el cual establece que los límites de las áreas protegidas “solo pueden ser reducidos por una ley aprobada por una mayoría calificada”. El Ministerio advirtió que aceptar la decisión del TSA colocaría a la institución en una situación de “incumplimiento constitucional”. Según el recurso, la Ley 266-04 y la Ley 202-04 tienen ámbitos distintos: una busca incentivar la inversión económica y la otra regula la conservación ambiental.
