Santiago.– El Ministerio Público sostiene que los implicados en el presunto fraude detectado en el Patronato Cibaeño Contra el Cáncer implementaron un esquema mediante el cual dividían una sola dosis de medicamentos de quimioterapia entre dos pacientes, mientras facturaban al Seguro Nacional de Salud (Senasa) un frasco completo para cada uno.
Según la solicitud de medida de coerción, la práctica permitía obtener un cobro duplicado por una única dosis dispensada, generando beneficios económicos indebidos a costa de los recursos destinados a la atención de pacientes oncológicos.
La investigación indica que las irregularidades habrían ocurrido durante varios años y forman parte de un entramado de maniobras fraudulentas atribuidas a exdirectivos y personas vinculadas a la administración del centro de salud.
El expediente también señala que, presuntamente, se comercializaban medicamentos donados, incluyendo tratamientos oncológicos de alto costo. De acuerdo con el órgano acusador, aquellos fármacos que no lograban ser vendidos eran almacenados hasta su vencimiento, en lugar de ser entregados a pacientes que los necesitaban.
Otra de las prácticas bajo investigación consiste en la supuesta facturación de medicamentos biológicos originales a Senasa y a los pacientes, mientras que en realidad se entregaban equivalentes genéricos de menor costo, obteniendo así diferencias económicas irregulares.
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Asimismo, el Ministerio Público sostiene que algunas habitaciones destinadas a pacientes con cáncer fueron utilizadas de manera irregular, reduciendo la disponibilidad de espacios para quienes requerían atención especializada.
La acusación también incluye el presunto uso de la farmacia del Patronato para la comercialización de medicamentos con sustancias controladas fuera de los procedimientos establecidos por la ley.
De acuerdo con la investigación, la presunta estructura era encabezada por el expresidente del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, Héctor Antonio Lora Cruceta; su exesposa y exvicepresidenta de la entidad, Dilcia Isabel Vargas Sánchez; y su actual esposa, Luisa Yasiris Guzmán de Lora, además de varias empresas vinculadas a los imputados.
El Ministerio Público afirma que entre 2018 y octubre de 2025 se habría ejecutado un esquema que permitió desviar aproximadamente RD$148.6 millones mediante distintas modalidades fraudulentas.
La solicitud de coerción fue depositada ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, donde el órgano persecutor busca que el caso sea declarado complejo y que se impongan medidas cautelares contra los implicados mientras avanzan las investigaciones.
