Santiago, R.D. – Una investigación encabezada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) y la Fiscalía de Santiago destapó un presunto esquema de corrupción, fraude y desvío de fondos públicos que habría operado durante siete años en el Instituto Oncológico Regional del Cibao, generando pérdidas superiores a los RD$148 millones.
Según el expediente presentado por el Ministerio Público, entre octubre de 2018 y octubre de 2025 directivos del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer habrían ejecutado diversas maniobras para beneficiar económicamente a miembros de la administración saliente y empresas vinculadas a estos.
La investigación sostiene que, durante ese período, el Seguro Nacional de Salud (Senasa) transfirió más de RD$3,754 millones al centro médico para garantizar tratamientos oncológicos a pacientes del régimen subsidiado en las 14 provincias del Cibao.
Sin embargo, al momento de intervenir la institución, las autoridades encontraron una grave crisis financiera caracterizada por desabastecimiento de medicamentos, cuentas por cobrar superiores a RD$104 millones y una deuda acumulada con laboratorios y suplidores que supera los RD$404 millones.
Supuestas irregularidades en tratamientos y medicamentos
El expediente señala que parte del esquema involucraba prácticas irregulares en la administración de tratamientos de quimioterapia.
Las autoridades sostienen que algunos medicamentos eran divididos entre varios pacientes, mientras se facturaban dosis completas al Senasa, generando cobros duplicados por tratamientos que no fueron suministrados en su totalidad.
Asimismo, la investigación indica que medicamentos biológicos de alto costo incluidos en las facturas eran sustituidos por versiones genéricas más económicas, reteniendo la diferencia económica generada por esa práctica.
Otra de las acusaciones apunta a la comercialización de muestras médicas gratuitas destinadas a pacientes oncológicos, las cuales presuntamente eran almacenadas y vendidas en lugar de ser entregadas sin costo.
Presunta falsificación de diagnósticos y cobros indebidos
Los investigadores también documentaron la existencia de un supuesto departamento encargado de modificar indicaciones médicas y agregar diagnósticos, laboratorios y estudios que posteriormente eran facturados al sistema de salud.
De acuerdo con el Ministerio Público, incluso personas sin especialización médica habrían participado en la elaboración de documentos clínicos utilizando sellos y firmas de profesionales de distintas áreas.
Habitaciones privatizadas y venta irregular de medicamentos
La acusación sostiene además que habitaciones cubiertas por seguros médicos fueron convertidas en espacios privados por los que se cobraban entre RD$3,500 y RD$5,000 por noche, mientras pacientes de escasos recursos permanecían en listas de espera o recibían tratamientos en áreas improvisadas.
Las investigaciones incluyen también presuntas irregularidades relacionadas con la venta de sustancias controladas, medicamentos vencidos y dispensación fuera de los canales autorizados, detectadas durante inspecciones realizadas por organismos reguladores.
Desvío de fondos y triangulación empresarial
Uno de los aspectos más relevantes del expediente involucra un alegado esquema de autocontratación mediante empresas vinculadas a miembros de la directiva.
Según las autoridades, una firma privada relacionada con la administración habría retenido porcentajes de pagos realizados por aseguradoras y honorarios médicos, generando beneficios millonarios.
La investigación también señala pagos de gastos personales con fondos institucionales, transferencias sin autorización, gastos de representación, viáticos y movimientos financieros realizados fuera de los mecanismos de control establecidos por los estatutos de la entidad.
Asimismo, se documentan presuntos desvíos de recursos hacia fundaciones privadas y operaciones comerciales relacionadas con importaciones exoneradas que posteriormente eran revendidas al propio centro médico.
Acusan sabotaje y amenazas a testigos
El Ministerio Público asegura que, tras la elección de una nueva junta directiva en octubre de 2025, se produjeron acciones destinadas a obstaculizar la transición administrativa.
Entre estas figuran demandas judiciales, bloqueo de cuentas bancarias, eliminación de registros digitales y destrucción de información contable.
El expediente también recoge denuncias de presuntas amenazas, intentos de soborno y actos de intimidación contra empleados que colaboraban con las investigaciones.
Solicitan prisión preventiva y declaratoria de complejidad
Ante la magnitud del caso, el Ministerio Público solicitó a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago la declaratoria de complejidad del proceso y la imposición de prisión preventiva contra Héctor Antonio Lora Cruceta, Dilcia Isabel Vargas Sánchez y Luisa Yasiris Guzmán de Lora.
Los imputados enfrentan acusaciones provisionales por asociación de malhechores, soborno, chantaje, estafa contra el Estado, abuso de confianza, delitos informáticos, comercialización irregular de sustancias controladas, violaciones a la Ley General de Salud y lavado de activos.
Las autoridades sostienen que las investigaciones continúan y que el expediente podría ampliarse conforme avance el proceso judicial.
