Por Jen Sánchez
El inicio de cada año escolar se ha convertido en un verdadero desafío para las familias dominicanas. Más allá de la emoción de ver a los hijos avanzar en su educación, muchos padres sienten una desesperación creciente debido a los elevados costos que supone brindar una educación digna. Los colegios privados, que a menudo son la única opción viable, imponen tarifas exorbitantes, y el precio de los libros de texto añade otra pesada carga a los ya ajustados presupuestos familiares.
Sin embargo, el problema no termina ahí. La frustración de los padres se ve agravada por la realidad de que, cada año, esos costosos libros quedan prácticamente vacíos. Apenas se llenan unas pocas páginas, mientras que los cuadernos —que antes solían llenarse hasta tres por materia, hoy no llegan ni a la mitad. Es doloroso y preocupante que los libros, en perfectas condiciones, terminen en la basura porque no se pueden reutilizar. Las editoras cambian mínimamente el contenido cada año, impidiendo que los libros se intercambien entre estudiantes o se guarden para los hermanos menores.
Este ciclo de consumo innecesario es un reflejo de una industria educativa que parece más preocupada por los beneficios económicos que por el bienestar de las familias. Es frustrante, porque 2 + 2 da el mismo resultado aquí y en pekin, la historia no cambia y las reglas de la gramática también son las mismas, entonces cuál es la excusa para la renovación constante de libros de textos?, ¿Por qué otros niños no pueden beneficiarse de usar los mismos libros si el contenido esencialmente es el mismo?
Además, el tema de la reinscripción sigue siendo una lucha perdida para muchos padres. Aunque se ha pedido insistentemente su eliminación, esta práctica persiste, con tarifas que llegan a ser de miles e incluso cientos de miles de pesos. Todo esto sólo para «garantizar» un cupo que el niño ya tiene desde su primera inscripción. Es un gasto innecesario y abusivo que sigue cargando aún más a las familias, ya de por sí agobiadas.
Aunque es cierto que los colegios privados tienen derecho a establecer sus propias reglas, hay un descontrol evidente que aprovecha la ineficiencia del sistema educativo público, incapaz de cumplir con los estándares de calidad. Las familias se ven atrapadas entre dos sistemas que no satisfacen sus necesidades, obligadas a pagar sumas excesivas por una educación que, en muchos casos, es insostenible.
Este contexto no sólo afecta el bolsillo, sino también la salud mental de padres e hijos. La presión financiera, sumada a la frustración de no poder reutilizar materiales y el temor de no estar a la altura de las demandas escolares, genera un ambiente de estrés constante. La educación, que debería ser un pilar para el futuro de nuestros hijos, se ha convertido en una fuente de ansiedad y desgaste emocional.
Frente a este panorama, algunas familias están recurriendo al homeschooling (educación en casa) como una solución alternativa. Y aunque muchos han encontrado resultados positivos con esta opción, esta no debería ser la única salida. Es hora de que las autoridades tomen las riendas y solucionen la situación de los colegios, antes de que se salga completamente de control.
Este no es un problema que las familias puedan resolver por sí solas. La educación es un derecho, está establecida en nuestra carta magna, no un lujo y es responsabilidad del Estado garantizar que todos los niños tengan acceso a una enseñanza de calidad, sin que esto implique un sacrificio que ponga en riesgo la estabilidad económica y mental de las familias. Si no actuamos pronto, el abismo al que nos dirigimos será cada vez más profundo y difícil de superar.
