SANTO DOMINGO.– El expediente del caso SeNaSa 2.0-A expone un presunto mecanismo mediante el cual datos personales de afiliados del Seguro Nacional de Salud habrían sido utilizados para generar autorizaciones médicas y cobrar consultas y procedimientos que los pacientes aseguran nunca recibieron.
Uno de los hallazgos más llamativos atribuidos por el Ministerio Público a las auditorías es la aparición de consultas especializadas de ginecología registradas a nombre de afiliados masculinos. Algunos de los usuarios contactados durante la investigación negaron haber recibido esos servicios.
Las irregularidades forman parte de la solicitud de medida de coerción de unas 525 páginas presentada contra 25 personas vinculadas a la denominada Operación SeNaSa 2.0-A. El Ministerio Público solicitó 18 meses de prisión preventiva y que el proceso sea declarado complejo.
¿Cómo habría funcionado el esquema?
Según la tesis del Ministerio Público, integrantes de la presunta estructura tenían acceso a información de afiliados y conocimiento de los procedimientos internos de SeNaSa.
Los investigadores sostienen que se seleccionaban perfiles de afiliados para tramitar autorizaciones y posteriormente presentar reclamaciones por servicios que presuntamente no habían sido realizados.
Las autoridades entrevistaron a usuarios cuyos datos aparecían en esos expedientes. Varios negaron haber solicitado o recibido las atenciones registradas e incluso desconocieron las firmas incorporadas a los documentos.
De acuerdo con las investigaciones citadas por Diario Libre, se identificaron más de 4,300 autorizaciones médicas consideradas irregulares por unos RD$41 millones.
Usaban nombres ficticios para solicitar autorizaciones, según expediente
La acusación sostiene que integrantes del grupo se comunicaban con el centro de llamadas de SeNaSa utilizando nombres ficticios para tramitar autorizaciones.
También habrían utilizado códigos correspondientes a médicos vinculados a la investigación para registrar consultas y procedimientos que posteriormente eran reclamados para pago.
El Ministerio Público atribuye a la estructura una división de funciones que abarcaría desde el acceso a los datos de los afiliados hasta la solicitud de autorizaciones, presentación de reclamaciones y posterior distribución del dinero.
Firmas de afiliados bajo investigación forense
Otro elemento relevante de la investigación son las firmas incorporadas a formularios utilizados para sustentar algunas reclamaciones.
Según documentación de la investigación reportada por Diario Libre, formularios fueron remitidos al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) y las experticias concluyeron, en distintos casos examinados, que las firmas no correspondían con las de los afiliados.
El expediente también describe reclamaciones que presuntamente carecían de historia clínica, descripción quirúrgica, documentos de identidad y otros soportes, además de formularios con tachaduras, enmendaduras o información incompleta.
Afiliados podían resultar afectados sin saberlo
El presunto esquema no habría tenido únicamente consecuencias para los fondos de SeNaSa.
La directora de la Pepca, Mirna Ortiz, explicó que la facturación de prestaciones inexistentes también podía consumir parte de la cobertura disponible de los afiliados, debido a que los servicios eran cargados a sus planes pese a que, según la acusación, no los habían recibido.
El Ministerio Público atribuye además a miembros de la estructura movimientos bancarios que, según su tesis, estarían relacionados con la distribución de los recursos obtenidos.
Las imputaciones se encuentran actualmente en fase judicial y constituyen señalamientos del Ministerio Público, no determinaciones de culpabilidad. Los 25 imputados conservan la presunción de inocencia mientras los tribunales conocen las acusaciones y evidencias presentadas en su contra.
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