Santo Domingo.– El exdirector del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), Santiago Hazim Albainy, continuará en prisión preventiva junto a otros procesados por el presunto entramado de corrupción que habría provocado pérdidas de miles de millones de pesos a la institución.
La decisión fue adoptada por el juez del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Deiby Timoteo Peguero, quien ratificó la medida de coerción contra Hazim y los imputados Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Minaya y Ramón Alan Speakler.
Sin embargo, el tribunal modificó la medida impuesta a Rafael Martínez Hazim, quien pasará a cumplir arresto domiciliario con un dispositivo electrónico de vigilancia, atendiendo a una condición médica presentada por su defensa.
Como parte de las nuevas condiciones, deberá presentar una garantía económica de RD$15 millones mediante una aseguradora y tendrá impedimento de salida del país.
Lectura de la decisión
El equipo del Ministerio Público estuvo encabezado por el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, junto a las fiscales Yudelka Holguín y Alexis Piña.
El magistrado fijó para el próximo 26 de noviembre la lectura íntegra de la decisión.
La investigación se inició con la Operación Cobra, mediante la cual el Ministerio Público desmanteló la presunta estructura y posteriormente presentó cargos contra los señalados.
Las acusaciones del Ministerio Público
El órgano acusador atribuye a los procesados delitos de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, soborno, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación y uso de documentos falsos, además de lavado de activos.
Según el expediente, la supuesta estructura habría utilizado sobornos, alteraciones de estados financieros y programas especiales sin respaldo jurídico para desviar recursos públicos.
El Ministerio Público sostiene que el esquema involucró a funcionarios de SeNaSa y prestadores de servicios de salud, con perjuicios económicos para la institución y sus afiliados.
Los señalamientos forman parte de la acusación presentada por el órgano persecutor y deberán ser examinados durante el proceso judicial.
