SANTO DOMINGO.– El Ministerio Público solicitó prisión preventiva contra 25 personas, entre exempleados del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), médicos y particulares, arrestadas durante la denominada Operación SeNaSa 2.0-A, investigación en la que el órgano acusador persigue una presunta red dedicada a defraudar fondos públicos mediante la facturación de servicios médicos que no habrían sido realizados.
La solicitud de medida de coerción, contenida en un expediente de 525 páginas, fue depositada antes de la medianoche ante el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional por los titulares de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho y Mirna Ortiz.
En el proceso también participan los fiscales Yudelka Holguín, Héctor García, Rosa Alba García, Emmanuel Ramírez y Ernesto Guzmán Alberto, quienes solicitaron, además, que el caso sea declarado complejo.
La magistrada Mirna Ortiz calificó esta etapa como la «tercera fase» de la investigación, luego de que el Ministerio Público identificara nuevas líneas relacionadas con la presunta sustracción de fondos públicos.
Según explicó, el modus operandi de la estructura investigada consistía en facturar y cobrar a SeNaSa por servicios, consultas y procedimientos médicos que supuestamente nunca fueron realizados.
«Esto no solo drenaba los fondos de SeNaSa, sino que también afectaba la cobertura que cada uno de los pacientes tenía sobre el seguro, pues consumía las cuotas del dinero que el seguro acreditaba en sus pólizas», explicó la representante del Ministerio Público, agregando que los encartados son personas físicas, aunque las pesquisas podrían ampliarse a personas jurídicas.
Los 25 imputados permanecen recluidos en la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, a la espera de ser trasladados al tribunal. La investigación se originó a partir de una denuncia presentada por SeNaSa el 28 de noviembre de 2024, relacionada con irregularidades en autorizaciones de servicios médicos.
De acuerdo con las pesquisas, entre enero de 2021 y septiembre de 2024, la red habría utilizado distintos números telefónicos para gestionar falsas aprobaciones de cirugías, consultas y procedimientos ambulatorios a través del call center de la aseguradora estatal.
Estas autorizaciones no eran reconocidas por los afiliados cuyos seguros eran utilizados, maniobras que habrían provocado un perjuicio económico preliminar estimado en RD$40 millones. Los allanamientos y arrestos fueron autorizados por la jueza Ana Lee Florimón.
En el expediente figuran como imputados Angeury Guzmán Vásquez, Heidy Coronado Paulino, Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova, Lucreisy Polanco Núñez y Einstein Rafael Borromé Valdez. Asimismo, los médicos Juan Henry Poueriet, Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, Luz Esther Reyes Durán de Ramírez, Edwin Alberto Batista Cruz, José Luís Díaz Hernández, Carlos Job Ynoa Olivero, Guillermo Enrique Dicló Garabito, Griselda Altagracia Basora Ramírez, Juan Gabriel Rodríguez Ravelo, Martha María Saldaña Saldaña, Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez, Engels Federico Díaz Mendoza, Keila Beatriz Acosta Leonardo, Rafael Mauricio Cabral González, Laura Altagracia Santana Evangelista, Víctor Felipe Rodríguez García, Wander Manuel Díaz Encarnación, Yocaira Antonia Méndez Beltré, Marcelino Eusebio Figuereo y Ray Ernesto Mercedes Lugo.
