Santo Domingo.– El Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional tiene previsto continuar este jueves la revisión obligatoria de las medidas de coerción impuestas al exdirector del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), Santiago Hazim, y a los demás implicados en el expediente por presuntas irregularidades que habrían causado pérdidas superiores a RD$15,000 millones al Estado dominicano.
El proceso está a cargo del juez Deiby Timoteo Peguero, quien concedió al Ministerio Público una prórroga de cuatro meses para completar las diligencias investigativas y presentar la acusación formal.
Entre las instituciones que deben aportar resultados pendientes figuran la Cámara de Cuentas, la Contraloría General de la República y el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).
Una investigación con múltiples operativos
Las pesquisas sobre el presunto desfalco han incluido tres grandes operativos, que en conjunto han dejado 39 personas arrestadas y más de 40 allanamientos en distintas localidades del país.
El caso adquirió notoriedad pública a partir de denuncias difundidas por el programa N Investiga en noviembre de 2025, que expusieron posibles irregularidades administrativas, anomalías en las nóminas y cuestionamientos sobre la gestión de los recursos de SeNaSa.
Posteriormente, el Ministerio Público profundizó las investigaciones sobre contratos, facturaciones, proveedores y operaciones financieras de la aseguradora estatal.
Los imputados y las medidas de coerción
Además de Santiago Hazim, el expediente incluye a Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez y Ada Ledesma.
Hazim y los primeros cuatro imputados mencionados cumplen prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras, mientras que Ledesma permanece bajo arresto domiciliario.
También figuran Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo, quienes cumplen arresto domiciliario. Según el Ministerio Público, estas personas admitieron ante el tribunal haber realizado pagos de sobornos a Hazim y otros funcionarios de SeNaSa.
A los investigados se les atribuyen presuntos delitos de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, estafa contra el Estado, desfalco, soborno, lavado de activos y falsificación y uso de documentos falsos.
El Ministerio Público solicita más tiempo para acusar
A mediados de agosto, el órgano acusador solicitó formalmente una extensión de cuatro meses para concluir el expediente contra Hazim y otros nueve imputados.
La petición fue depositada por el director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, y la procuradora especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz.
El trámite fue remitido al juez Deiby Timoteo Peguero para notificar a las partes y conocer la solicitud de ampliación del plazo de investigación.
Los antecedentes del expediente
La investigación abarca presuntas operaciones irregulares realizadas en SeNaSa entre 2020 y 2025. Las estimaciones iniciales situaron el perjuicio económico cerca de los RD$16,000 millones, aunque pesquisas posteriores elevaron el monto por encima de RD$19,000 millones.
Entre los antecedentes figura una denuncia presentada por la propia institución el 28 de noviembre de 2024, luego de detectar autorizaciones de servicios médicos que, según las pesquisas, eran desconocidas por los afiliados.
Hazim dejó la dirección de SeNaSa el 13 de agosto de 2025 y dos días después fue anunciado Edward Guzmán Padilla como su sustituto.
En diciembre de ese año, el Ministerio Público ejecutó la Operación Cobra, mediante la cual realizó allanamientos y arrestos de antiguos funcionarios, empresarios y proveedores vinculados con la investigación. Posteriormente depositó una solicitud de medidas de coerción de más de 500 páginas y pidió que el proceso fuera declarado complejo.
La continuación de la revisión judicial se produce mientras el Ministerio Público agota el plazo adicional concedido para completar las diligencias y definir formalmente las responsabilidades penales que atribuye a cada investigado.
