Por Osvaldo Reyes
En un mercado cada vez más dinámico y competitivo, el registro sanitario no puede verse como un simple trámite administrativo. Se trata de una herramienta esencial para proteger la salud de la población y garantizar que los productos que llegan a los hogares cumplan con estándares mínimos de calidad, inocuidad y trazabilidad.
En la República Dominicana, la regulación establece que todo alimento, bebida, cosmético o producto de uso humano debe contar con autorización oficial emitida por la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (DIGEMAPS). Este proceso no solo certifica la composición del producto, sino que también valida sus condiciones de fabricación, almacenamiento y distribución. En otras palabras, representa un filtro técnico diseñado para prevenir riesgos sanitarios.
Cuando un artículo se comercializa sin ese aval, se vulnera el derecho del consumidor a recibir información clara y a adquirir productos seguros. Además, se distorsiona la competencia, ya que los comercios que cumplen con la ley asumen costos y procesos que otros, al margen de la normativa, evaden. Esta práctica genera una desigualdad comercial que debilita la formalidad del mercado.
El debate no debe centrarse únicamente en la sanción, sino en la prevención. La fiscalización permanente por parte de organismos como Pro Consumidor y las autoridades sanitarias resulta clave, pero no es suficiente si no existe una cultura empresarial orientada al cumplimiento normativo. Los supermercados y distribuidores, como eslabones estratégicos en la cadena de comercialización, tienen la responsabilidad ética y legal de verificar que cada producto en sus anaqueles cuente con la documentación correspondiente.
Más allá del marco legal, este tema toca la confianza ciudadana. El consumidor deposita su seguridad en la marca, en el establecimiento y en la supervisión del Estado. Cada producto irregular que logra colarse en el mercado erosiona esa confianza y pone en entredicho la eficacia de los controles.
También es fundamental fortalecer la educación al consumidor. Revisar etiquetas, confirmar la presencia del número de registro sanitario y denunciar irregularidades son acciones que contribuyen a un ecosistema comercial más transparente. La corresponsabilidad social juega un papel determinante en la construcción de un mercado más seguro.
El registro sanitario no debe percibirse como un obstáculo para el comercio, sino como una garantía para todos. Asegura condiciones equitativas para los empresarios responsables y protege la salud de millones de ciudadanos. En un contexto donde la seguridad alimentaria y la transparencia comercial son prioridades globales, el cumplimiento de esta normativa es una obligación innegociable.
