Por Francisco Luciano
El Gobierno dominicano ha decidido acelerar en el Congreso la aprobación de su reforma fiscal, presentada ante la nación como un “Plan Anticrisis” para enfrentar los supuestos efectos devastadores de una escalada en los precios del petróleo derivada de un posible conflicto prolongado entre Estados Unidos, Israel e Irán. Esta prisa por sacar adelante el proyecto parece responder más a un cálculo político que a una necesidad económica real: evitar que la opinión pública, cada vez más adversa, obligue al Ejecutivo a retirar la iniciativa, tal como ocurrió en los intentos fallidos de 2021 y 2024.
Aunque en esta ocasión el Gobierno ha desplegado una estrategia más sofisticada —con una narrativa mediática complaciente y el aprovechamiento oportuno de la tensión geopolítica en el Golfo Pérsico—, el fundamento de su argumento se ha desmoronado. La reciente firma de un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán elimina el principal elemento de sensibilización: la crisis petrolera anunciada. Sin el conflicto que justificaría medidas de emergencia, el “plan anticrisis” pierde su razón de ser y se revela como lo que muchos analistas ya sospechaban: un intento de aumentar la recaudación fiscal (entre RD$40,000 y RD$60,000 millones adicionales) sin el debido consenso social ni técnico.
El problema de fondo no es nuevo ni coyuntural. Durante el actual sexenio, el Gobierno ha destinado aproximadamente el 90% de los ingresos públicos al gasto corriente, descuidando la inversión en infraestructura productiva y permitiendo un manejo ineficiente de los recursos. Este desequilibrio ha contribuido directamente a la presión inflacionaria sobre la canasta familiar, cuyos costos han escalado de manera dramática pasado de alrededor de RD$27,000 en 2020 a cerca de RD$49,000 pesos en 2026 (según los quintiles más afectados y datos recientes del Banco Central).
Mientras tanto, el salario mínimo (que varía según el tamaño de la empresa) se mantiene en niveles mucho más modestos —alrededor de RD$17,000 a RD$30,000 mensuales en 2026—, lo que ha provocado una fuerte erosión del poder adquisitivo real de los trabajadores y hogares dominicanos. La inflación acumulada ha devorado gran parte de cualquier ajuste salarial, dejando a miles de familias con menor capacidad para cubrir necesidades básicas.
Como bien ha señalado el doctor Leonel Fernández, el camino responsable en este momento pasa por el presupuesto complementario. En lugar de imponer nuevos impuestos o ampliar existentes (como los propuestos sobre alquileres, profesionales liberales, transferencias bancarias, boletos aéreos), el Ejecutivo debería:
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Reducir drásticamente el gasto suntuario y de “francachela” por al menos los RD$40,000 millones que el propio Gobierno ha admitido como margen de ajuste.
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Mantener sin efecto las nuevas cargas tributarias innecesarias.
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Aplicar la exención salarial hasta los 52,000 pesos que es como corresponde según la ley.
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Priorizar la eficiencia en el gasto público y la protección de los sectores más vulnerables.
Insistir en extraer alrededor de RD$50,000 millones adicionales de los bolsillos de la ciudadanía en un contexto de inflación por encima del rango meta del Banco Central no solo carece de justificación económica, sino que arriesga conflictos sociales evitables. En momentos de incertidumbre, la prudencia fiscal exige austeridad en el gasto antes que mayor presión tributaria sobre la clase media y las pequeñas empresas, que son el motor real de la economía dominicana.
La verdadera “anticrisis” no se construye con más impuestos disfrazados de emergencia, sino con disciplina fiscal, transparencia en el uso de los recursos y políticas que generen crecimiento inclusivo en lugar de solo recaudación. El Gobierno aún tiene la oportunidad de rectificar y demostrar que prioriza el bienestar ciudadano por encima de objetivos cortoplacistas. De lo contrario, la falta de consenso y la percepción de oportunismo solo profundizarán la desconfianza hacia las instituciones.
