En la República Dominicana, el motoconcho se ha consolidado como uno de los principales medios de transporte informal. Presente en barrios populares, zonas rurales y hasta en el corazón de las grandes ciudades, este servicio cumple una función social innegable: acerca comunidades, facilita la movilidad y representa el sustento diario de miles de familias. Sin embargo, junto a su importancia económica y social, también emerge una problemática que ya no puede seguir siendo ignorada: la falta de educación vial y el irrespeto sistemático a las normas de tránsito.
En las principales avenidas del país, no es extraño observar a conductores de motoconchos desplazándose en vía contraria, ignorando semáforos, transitando por aceras o realizando maniobras temerarias que ponen en riesgo tanto sus vidas como las de peatones y conductores. La percepción ciudadana es clara: muchos de estos motoristas “andan como chivos sin ley”, en un escenario donde la autoridad parece ausente.
El rol de las instituciones reguladoras es clave en este debate. La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT) y el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) tienen la responsabilidad de fiscalizar, regular y promover la educación vial. No obstante, la ciudadanía cuestiona la efectividad de los operativos y la aplicación constante del régimen de consecuencias. Los esfuerzos aislados o temporales no parecen suficientes frente a una problemática estructural que requiere políticas públicas sostenidas, campañas educativas permanentes y un control riguroso en las calles.
Más allá de la crítica, es necesario abordar el fenómeno con equilibrio. Muchos motoconchistas operan en condiciones de precariedad, sin acceso a capacitación formal ni a procesos de regularización claros. La solución no puede limitarse únicamente a la imposición de multas; debe incluir programas de formación en educación vial, incentivos para la formalización del sector y un sistema de supervisión transparente y continuo.
El tránsito no es solo un asunto de movilidad, sino de seguridad ciudadana y salud pública. Cada accidente evitable representa una familia afectada, un sistema hospitalario presionado y una sociedad que paga las consecuencias de la desorganización.
El debate sobre los motoconchos no debe centrarse en la estigmatización, sino en la urgente necesidad de orden y responsabilidad compartida. Autoridades, conductores y ciudadanos deben asumir su cuota de compromiso para transformar el caos en convivencia vial.
