SANTO DOMINGO.– Un grupo de los 28 detenidos en el marco de la Operación SeNaSa 2.0-A fue trasladado este sábado, bajo un estricto dispositivo de seguridad, desde la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva hacia la sede de la Procuraduría General de la República (PGR) para ser sometidos a interrogatorios.
El operativo fue custodiado por agentes de la Unidad de Traslado de Alto Riesgo (UTAR), quienes condujeron a los arrestados por un acceso posterior del edificio judicial.
Previo a su traslado a la sede del órgano ejecutor, varios de los encartados sostuvieron encuentros con sus abogados defensores para estructurar su estrategia legal.
Medida de coerción y alcance de las investigaciones
El Ministerio Público, a través de la Dirección de Persecución y la Pepca, depositó la solicitud de medida de coerción ante el Juzgado de Atención Permanente, fijándose la audiencia para este domingo en horas de la mañana.
La investigación se originó a partir de una denuncia interpuesta por el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) el 28 de noviembre de 2024.
Según el expediente, entre enero de 2021 y septiembre de 2024 se habrían realizado llamadas al centro de atención telefónica de la entidad para gestionar de manera fraudulenta autorizaciones de procedimientos médicos, consultas y cirugías que no eran reconocidas por los afiliados, generando un perjuicio económico estimado inicialmente en RD$ 40 millones.
Los 28 arrestados —entre los que figuran extrabajadores de SeNaSa, personal médico y particulares— fueron aprehendidos durante múltiples allanamientos simultáneos realizados en La Vega, Cotuí, Santiago, Santo Domingo y el Distrito Nacional.
Entre los señalados en la documentación judicial figuran Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, Juan Henry Poueriet, Einstein Rafael Borromé Vásquez, Wellington Arístides Ledesma Cáceres, Wander Manuel Díaz Encarnación, Yocaira Antonia Méndez Beltré, Ray Ernesto Mercedes Lugo, Marcelino Eusebio Figuereo y Eulalia Fiordaliza Castro López, entre otros.
La imputación no constituye una declaración de culpabilidad y los procesados conservan la presunción de inocencia mientras la causa sea conocida por los tribunales correspondientes.
