Por: Osvaldo Reyes
El apagón nacional que paralizó a la República Dominicana el pasado martes no fue solo una interrupción de energía; fue una prueba de estrés que expuso las profundas fallas de gestión y la fragilidad del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI) y de la infraestructura de transporte público. Las destituciones de los administradores de la ETED y la OPRET son una respuesta política necesaria, pero insuficiente si no van acompañadas de una reforma estructural.
Todo apunta a que la falla inicial provino de un error humano en una subestación de la ETED en San Pedro de Macorís, lo que provocó una cascada de desconexiones en el SENI. Sin embargo, en un sistema robusto, la falla de un fusible no debería tumbar la nación entera. La vulnerabilidad del SENI es evidente y se ha agravado a pesar de múltiples cambios de funcionarios en los últimos años.
El nombramiento del ingeniero Alfonso Rodríguez Tejada en la ETED es un paso en la dirección correcta al priorizar el perfil técnico sobre el político, buscando reforzar la estructura técnica que necesita la transmisión eléctrica para garantizar la estabilidad del servicio.
Quizás la lección más vergonzosa fue la del Metro de Santo Domingo. Que el principal medio de transporte masivo del país haya colapsado inmediatamente por tener su sistema de emergencia fuera de servicio es inaceptable.
El argumento de la gerencia saliente de la OPRET, de que se aprovechaba el fin de la temporada ciclónica para dar mantenimiento total al sistema de respaldo, es insostenible. Los datos de combustible vencido y baterías inoperantes sugieren que no se trató de un mantenimiento planificado, sino de una negligencia operativa que dejó a miles de ciudadanos varados y sin alternativas. La destitución de Rafael Santos Pérez era inevitable; la designación de Jhael Isa Tavárez en su lugar, con el mandato de reorganizar el Sistema Integrado de Transporte, es una oportunidad para imponer estándares internacionales de seguridad y planificación.
Las destituciones son un reconocimiento político de que el sector público no puede permitirse el lujo de la improvisación en servicios esenciales. El apagón nacional recordó a la ciudadanía que la crisis energética no es un problema del pasado y que la ineficiencia de un sector afecta la seguridad y la economía de toda la nación.
La tarea que tiene el gobierno es trascender los cambios de nombres y enfocarse en la integridad del sistema, desde la subestación hasta el último vagón del Metro, garantizando que el financiamiento millonario y los perfiles técnicos se traduzcan en un servicio público seguro y resiliente.
