SANTO DOMINGO.– El juez del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Deiby Timoteo Peguero, otorgó cuatro meses adicionales al Ministerio Público para concluir la investigación contra el exdirector del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), Santiago Hazim, y los demás imputados en el proceso por presunta corrupción en la institución.
La decisión fue adoptada luego de que el magistrado acogiera la solicitud presentada por Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, y Mirna Ortiz, directora de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
El tribunal determinó que la petición cumplía con los requisitos establecidos en el Código Procesal Penal y que el Ministerio Público justificó la necesidad de disponer de más tiempo para completar diligencias pendientes antes de presentar formalmente la acusación.
Unas 15,000 páginas y equipos electrónicos siguen bajo análisis
Entre las razones presentadas para solicitar la extensión figuran interrogatorios a testigos, informes y peritajes de instituciones como la Superintendencia de Bancos y la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), además de otras actuaciones relacionadas con organismos auxiliares de la investigación.
El Ministerio Público informó también que durante uno de los allanamientos fueron ocupadas alrededor de 15,000 páginas de documentos, incluyendo información médica y financiera que todavía se encuentra bajo análisis.
A esto se suman teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos cuya información está pendiente de extracción y evaluación técnica.
Asimismo, se encuentra en elaboración un informe de la Contraloría de la Procuraduría, para cuya realización se habría requerido un período aproximado de 80 días laborables.
Solicitud fue presentada antes de vencer el plazo
El juez explicó que el proceso fue judicializado el 11 de diciembre de 2025, cuando fueron impuestas las medidas de coerción.
Debido a que el expediente fue declarado complejo, los plazos ordinarios de investigación fueron ampliados conforme a las disposiciones procesales.
Peguero precisó que el plazo para concluir la etapa preparatoria vencía el 11 de agosto de 2026 a la medianoche, mientras que la solicitud de prórroga fue depositada ese mismo día a las 10:42 de la mañana, por lo que consideró que fue presentada dentro del período legal.
El magistrado sostuvo que varias de las diligencias pendientes dependen de respuestas y trabajos de otras instituciones, por lo que consideró justificada la extensión.
Mantiene prisión preventiva contra tres imputados
En otra decisión adoptada durante la audiencia, el juez rechazó variar la prisión preventiva que cumplen Rafael Luis Martínez Hazim, Francisco Iván Minaya Pérez y Ramón Alan Speakler Mateo.
El tribunal consideró que permanecen las circunstancias que justificaron originalmente la medida y determinó que esta continúa siendo idónea, necesaria y proporcional.
En el expediente también figuran Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Ada Ledesma, Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo, quienes cumplen arresto domiciliario, según las informaciones suministradas sobre el proceso.
El Ministerio Público atribuye al grupo la presunta comisión de delitos que incluyen coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, estafa contra el Estado, desfalco, soborno, lavado de activos y falsificación y uso de documentos falsos.
Las autoridades sostienen que la supuesta estructura habría operado entre 2020 y 2025 y estiman en miles de millones de pesos el perjuicio ocasionado al Estado. Estas imputaciones forman parte de la investigación del Ministerio Público y deberán ser probadas ante los tribunales.
