Santo Domingo.– La doctora Massiel Moscoso, abogada de familiares de víctimas de la tragedia de la discoteca Jet Set, afirmó que la familia Espaillat estaría contemplando declararse en bancarrota, una posibilidad que, según su planteamiento, podría estar relacionada con las indemnizaciones reclamadas por los afectados.
La declaración adquiere relevancia en momentos en que avanza el juicio de fondo contra Antonio Espaillat López y Maribel Espaillat de Bera, procesados por el desplome del techo de la discoteca ocurrido el 8 de abril de 2025, tragedia que dejó 236 personas fallecidas y más de 180 heridas.
Sin embargo, hasta el momento no aparece públicamente documentada una solicitud formal de reestructuración, liquidación o proceso de bancarrota que permita presentar esa posibilidad como una decisión adoptada por los Espaillat o por las empresas vinculadas al proceso.
Por esa razón, la versión debe mantenerse atribuida a la representante legal de las víctimas hasta que exista documentación judicial o una respuesta de la defensa.
Hay cientos de millones de pesos en juego
El componente económico constituye uno de los puntos centrales del proceso.
Durante el inicio del juicio de fondo, representantes de víctimas plantearon reclamaciones de RD$100 millones y, en determinados casos, cantidades superiores, según reportes sobre las pretensiones civiles presentadas ante el tribunal.
Además de Antonio y Maribel Espaillat, en el proceso aparecen como terceros civilmente demandados varias sociedades comerciales vinculadas a la familia, entre ellas Radio Cadena Comercial, Difusora Hemisferio e Inversiones CCEP-02, además de otras personas.
Esto significa que el juicio no solamente determinará eventuales responsabilidades penales de los imputados, sino que mantiene abierto un importante frente relacionado con las reparaciones económicas reclamadas por víctimas y familiares.
Tribunal ha dispuesto medidas sobre bienes
Existe otro antecedente que fortalece el interés sobre el patrimonio involucrado.
En junio, cuando se ordenó la apertura a juicio, el tribunal mantuvo medidas conservatorias relacionadas con bienes de los imputados. Posteriormente, los propietarios y empresas vinculadas recurrieron la decisión.
De acuerdo con documentación sobre esa apelación, la defensa solicitó mantener una garantía por RD$500 millones, pero pidió que las medidas conservatorias fueran sustituidas por una fianza emitida por una compañía aseguradora.
Este elemento resulta particularmente importante frente a las declaraciones actuales sobre una eventual bancarrota porque demuestra que la preservación de activos para responder a posibles responsabilidades civiles ya forma parte de la batalla jurídica del caso.
Esto no demuestra que exista intención de evadir indemnizaciones, pero sí permite contextualizar por qué la situación patrimonial de los demandados resulta relevante para las víctimas.
Espaillat ya habían alcanzado acuerdos con afectados
Otro dato que debe incorporarse para ofrecer una visión equilibrada es que los hermanos Espaillat habían llegado anteriormente a acuerdos económicos con una parte de los afectados.
En junio de 2025 se reportó que habían desembolsado más de RD$26 millones mediante 61 acuerdos de indemnización con víctimas o familiares, previo al conocimiento de las medidas de coerción. Los montos reportados variaban dependiendo de cada caso.
Por tanto, tampoco sería preciso afirmar de manera general que los propietarios del Jet Set “no han pagado indemnizaciones”.
Lo que existe actualmente es una situación distinta: numerosas víctimas permanecen dentro del proceso judicial y reclaman compensaciones que podrían alcanzar cantidades considerablemente mayores.
Juicio continuará el 4 de septiembre
El juicio de fondo comenzó el viernes 28 de agosto ante la Cuarta Sala Penal del Distrito Nacional, presidida por el juez Franny González.
Durante la primera jornada fueron presentadas la acusación del Ministerio Público y las pretensiones de las partes querellantes. Después de varias horas de audiencia, el magistrado dispuso continuar el proceso el viernes 4 de septiembre a las 9:00 de la mañana.
Antonio y Maribel Espaillat enfrentan una acusación por homicidio involuntario, calificación jurídica que fue mantenida cuando el caso fue enviado a juicio de fondo en junio.
El Ministerio Público sostiene que las pruebas presentadas permitirían establecer responsabilidad penal por el colapso, mientras que la defensa de los hermanos Espaillat tendrá oportunidad de controvertir esas imputaciones durante el juicio.
