El vertedero de Duquesa se ha convertido en uno de los símbolos más persistentes de la deuda ambiental del Estado dominicano. Cada gobierno ha anunciado su cierre técnico como un punto de inflexión histórico, pero la realidad es que, hasta ahora, ninguno ha logrado concretar una solución definitiva. El reciente anuncio del presidente Luis Abinader reactiva una promesa que el país ha escuchado en múltiples ocasiones. La pregunta es inevitable: ¿será esta vez diferente?
Una historia de anuncios y frustraciones
Desde 2018, cuando se presentó uno de los primeros planes formales para clausurar el vertedero y transformarlo en un relleno sanitario, Duquesa ha sido escenario de múltiples intervenciones técnicas, comisiones especiales y relanzamientos institucionales. Durante la gestión de Danilo Medina, el programa Dominicana Limpia prometía una transformación estructural del manejo de residuos sólidos. Sin embargo, incendios recurrentes, conflictos contractuales y limitaciones administrativas impidieron avances sostenibles. El incendio de enero de 2020, que cubrió de humo gran parte del Gran Santo Domingo durante varios días, evidenció la gravedad del problema. Aquella crisis sanitaria y ambiental debió marcar un antes y un después. No fue así.
El nudo legal que frenó la solución
Uno de los principales obstáculos fue el prolongado conflicto contractual entre el Ayuntamiento de Santo Domingo Norte y la empresa Lajún Corporation. El fallo del Tribunal Superior Administrativo que rescindió ese contrato representó un punto de inflexión importante, al despejar el limbo jurídico que impedía ejecutar un plan integral. Sin seguridad legal, ningún cierre técnico era viable. Con ese escollo superado, el Estado ya no tiene excusas estructurales.
Más que basura: una crisis ambiental y social Duquesa no es solo un depósito de residuos. Es un foco crónico de contaminación que afecta directa o indirectamente a cerca del 40 % de la población del Gran Santo Domingo. Durante décadas ha impactado la calidad del aire, las aguas subterráneas y la salud pública. Pero también es un espacio de subsistencia para cientos de recicladores informales que dependen del vertedero para sobrevivir. Cerrar Duquesa sin un plan de inclusión social sería trasladar el problema, no resolverlo. La Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos establece un marco moderno para enfrentar esta realidad. El desafío ahora es pasar del marco normativo a la ejecución efectiva.
La transformación prometida
El plan actual contempla no solo el sellado técnico del vertedero, sino su recuperación ambiental y eventual conversión en un espacio verde con infraestructuras deportivas y recreativas. La propuesta es ambiciosa e impactaría a más de 3.7 millones de habitantes. Sin embargo, el país ya ha aprendido que los anuncios no bastan. Lo que marcará la diferencia será la transparencia en la ejecución, la supervisión técnica independiente y el cumplimiento estricto de los plazos.
Nuestra posición
Desde atardecer.com.do entendemos que el cierre técnico de Duquesa no puede convertirse en otro titular efímero. Es una necesidad ambiental, sanitaria y moral. El Estado dominicano tiene hoy las condiciones legales, el marco normativo y el precedente social para actuar con determinación. Lo que está en juego no es solo la clausura de un vertedero, sino la credibilidad institucional frente a una población que ha respirado humo y promesas durante más de una década. Duquesa no necesita otro anuncio. Necesita resultados.
