Santo Domingo.– La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) aclaró este martes que el procedimiento de excepción para la contratación de publicidad en medios y plataformas de comunicación social y digital se mantiene sin cambios en la nueva Ley núm. 47-25 de Contrataciones Públicas, ante versiones difundidas en distintos medios de comunicación.
La entidad precisó que las condiciones de aplicación de este procedimiento continúan siendo las mismas y que no se han introducido variaciones que amplíen su alcance en la normativa recientemente aprobada.
De acuerdo con la DGCP, el procedimiento de excepción solo puede utilizarse cuando la contratación se realiza de manera directa con el medio de comunicación, tal como lo establece el numeral 7 del artículo 78 de la Ley núm. 47-25 y el artículo 167 de su Reglamento de Aplicación núm. 52-26.
Excepción no aplica para intermediarios
La institución enfatizó que cuando la contratación involucra centrales de medios, agencias de publicidad u otros intermediarios, esta no está amparada por el procedimiento de excepción, por lo que debe realizarse a través de los procedimientos ordinarios de selección.
En estos casos, la contratación debe regirse por los principios de competencia, transparencia e igualdad de trato, conforme a las disposiciones generales del sistema nacional de contrataciones públicas, subrayó la DGCP.
Llamado a evitar interpretaciones erróneas
Finalmente, la Dirección General de Contrataciones Públicas reiteró su compromiso de orientar y acompañar a las instituciones públicas, a los proveedores y a la ciudadanía, con el objetivo de garantizar una aplicación uniforme, transparente y conforme al derecho de la ley.
La entidad advirtió sobre la necesidad de evitar interpretaciones erróneas que puedan generar confusión respecto al alcance real de las disposiciones vigentes en materia de contratación pública.
La contratación de publicidad estatal ha sido históricamente un tema de debate público, debido a la necesidad de equilibrar la difusión de información institucional con los principios de transparencia, competencia y uso eficiente de los recursos públicos.
