Santo Domingo.– La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) suspendió los Registros de Proveedores del Estado (RPE) vinculados a 82 funcionarios electos y designados, luego de identificar que mantenían participación accionaria en empresas inscritas para contratar con instituciones públicas.
El director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, explicó que las suspensiones fueron aplicadas tras un nuevo cruce de bases de datos realizado a partir de la entrada en vigencia de la nueva legislación de contrataciones.
El cambio resulta relevante porque la normativa anterior permitía que funcionarios sujetos al régimen de incompatibilidades mantuvieran una participación inferior al 10 % en empresas proveedoras. Con la nueva legislación, esa excepción fue eliminada.
“Antes, si tenía menos del 10 %, nosotros no podíamos suspender el registro”, explicó Pimentel durante una entrevista en el programa El Despertador.
DGCP aclara que suspensión no implica contratos con el Estado
Pimentel hizo una precisión clave: la suspensión de los registros no significa que los 82 funcionarios estuvieran contratando con el Estado ni que sus empresas tuvieran contratos públicos vigentes.
La actuación tiene carácter preventivo y responde al régimen de incompatibilidades establecido por la nueva normativa.
La prohibición permanece mientras la persona ejerce la función pública y se extiende hasta un año después de abandonar el cargo, según explicó el funcionario.
Desde 2020, Contrataciones Públicas ha suspendido más de 500 registros vinculados a funcionarios, incluyendo senadores, diputados, alcaldes, regidores, vocales, ministros y directores.
Prohibición alcanza a determinados familiares
El régimen de incompatibilidad absoluta no se limita exclusivamente al funcionario.
Pimentel explicó que la legislación extiende determinadas restricciones a familiares de funcionarios sometidos a este régimen, incluyendo cónyuges, hijos y hermanos, conforme a los grados de consanguinidad y afinidad contemplados por la normativa.
Entre los cargos sujetos a las restricciones mencionó al presidente y vicepresidente de la República, senadores, diputados, ministros y directores.
Uno de los cambios más importantes introducidos por la legislación es el endurecimiento de las consecuencias frente a mecanismos utilizados para evadir las incompatibilidades.
Pimentel advirtió que un funcionario que utilice un testaferro para contratar con el Estado u oculte su condición de beneficiario final podría enfrentar penas de entre dos y diez años de prisión.
Más de 400 proveedores inhabilitados por documentos falsos
Otro de los datos revelados por Pimentel es que existen más de 400 proveedores inhabilitados temporal o permanentemente por falsificación de documentos.
Entre las irregularidades detectadas figuran certificaciones falsas, declaraciones juradas de impuestos alteradas y hasta títulos universitarios falsificados.
La DGCP trabaja en ampliar la interoperabilidad entre instituciones como la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y las cámaras de comercio para que las entidades públicas puedan verificar directamente las informaciones.
El objetivo, explicó Pimentel, es terminar progresivamente con la figura del “ciudadano mensajero”, obligado actualmente a presentar ante una institución documentos que ya se encuentran en poder de otra dependencia estatal.
Eficompras permitirá realizar adquisiciones en minutos
Pimentel anunció también el lanzamiento de Eficompras, definida como la primera tienda virtual del Estado dominicano.
La plataforma estará destinada inicialmente a la adquisición de bienes mediante contrataciones por debajo del umbral, actualmente fijado en RD$268,000, y posteriormente incorporará servicios.
Según explicó, procesos que actualmente pueden tomar entre cinco y ocho días podrían completarse en cuestión de minutos.
La plataforma permitirá comparar productos, precios y calificaciones, pero la institución compradora no podrá visualizar inicialmente la identidad del proveedor.
El nombre de la empresa seleccionada será revelado cuando se genere la orden de compra, mecanismo con el que se procura introducir mayor competencia y reducir posibles preferencias durante la selección.
Pimentel testificará en proceso judicial del Intrant
Durante la entrevista, Pimentel confirmó además que comparecerá como testigo del Ministerio Público en el proceso judicial relacionado con contrataciones realizadas en el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant).
El funcionario aseguró que acudirá a la convocatoria fijada para el 3 de septiembre y a cualquier otra audiencia en la que sea requerido.
Explicó que la DGCP emitió varias decisiones administrativas relacionadas con ese proceso y que durante las investigaciones fueron identificados elementos que podían tener naturaleza penal.
Debido a que Contrataciones Públicas no posee facultades para investigar delitos, las informaciones fueron remitidas al Ministerio Público.
Plantea régimen especial para compras de medicamentos
Pimentel consideró además que República Dominicana necesita avanzar hacia un marco normativo especializado para las compras públicas de medicamentos, insumos médicos y dispositivos tecnológicos.
Aunque destacó mecanismos incorporados en la nueva legislación, como los convenios marco, compras por resultados y asociaciones para la innovación, entiende que existen áreas que requieren procedimientos específicos para hacer más eficientes las adquisiciones del sector salud.
Actualmente, según informó, más de 200 hospitales realizan adquisiciones mediante el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas, lo que permite conocer qué compran, a quién y bajo qué procedimientos.
La DGCP también trabaja en reglamentos sobre proveedores, procedimientos sancionadores, veeduría, peritos, convenios marco y métodos alternativos de solución de controversias.
Con estas medidas, Contrataciones Públicas busca avanzar hacia un sistema con mayor trazabilidad, interoperabilidad y controles preventivos, al tiempo que reduce trámites para proveedores y entidades estatales.
