Santo Domingo, R.D. – El empresario del transporte Williams Pérez Figuereo expresó su preocupación ante el anuncio de la Asociación Nacional de Detallistas de Gasolinas (Anadegas) de retirar las terminales de pago electrónico (verifones) de las estaciones de combustibles, al considerar que la medida pondría en riesgo la seguridad de miles de conductores.
La advertencia de Anadegas surge como protesta por las comisiones que cobran las entidades financieras por las transacciones con tarjetas, las cuales, según el gremio, oscilan entre un 4 % y un 7 %.
Alertan sobre aumento de la delincuencia Pérez Figuereo afirmó que eliminar los pagos electrónicos obligaría nuevamente a los choferes a transportar grandes cantidades de dinero en efectivo, incrementando su vulnerabilidad frente a los asaltos.
“Durante años cientos de choferes fueron víctimas de atracos cuando se dirigían a las estaciones de combustible, precisamente porque los delincuentes sabían que llevaban dinero en efectivo. Hemos avanzado en materia de seguridad y no podemos retroceder”, manifestó.
El dirigente del transporte sostuvo que los pagos electrónicos han contribuido a reducir los riesgos para los trabajadores del volante y los usuarios.
Piden diálogo entre los sectores El representante del sector transporte entiende que es necesario encontrar una solución que beneficie tanto a los distribuidores de combustibles como a los transportistas y consumidores. Como ejemplo, citó el caso de México, donde situaciones similares fueron resueltas mediante acuerdos entre empresarios, entidades bancarias y autoridades para reducir los costos de las comisiones por el uso de tarjetas.
Proponen una mesa de trabajo Pérez Figuereo planteó la creación de una mesa de diálogo integrada por representantes del transporte, empresarios de combustibles, entidades financieras y autoridades gubernamentales. El objetivo sería buscar una salida que permita mantener los pagos electrónicos en las estaciones de combustibles sin afectar la rentabilidad de los detallistas ni comprometer la seguridad de los ciudadanos.
“Los sectores de la economía formal deben trabajar unidos para encontrar una solución justa que garantice la continuidad de los pagos electrónicos y proteja a quienes diariamente utilizan este servicio”, concluyó.
