Por Osvaldo Reyes
Hay debates que no caben en una sola cifra. El de San Juan de la Maguana es uno de ellos. Allí, en el corazón agrícola del sur dominicano, se superponen dos visiones de país que rara vez logran convivir: la del crecimiento inmediato y la de la sostenibilidad a largo plazo.
El denominado Proyecto Romero, promovido por Goldquest Mining Corp., no es simplemente una iniciativa extractiva. Es, en esencia, una intervención directa en una de las zonas más estratégicas para el equilibrio hídrico y productivo de la República Dominicana. Ubicado en la Cordillera Central, en cabeceras de cuencas que alimentan ríos y sistemas de riego, el proyecto se sitúa justo donde nace lo que luego sostiene la vida en el valle.
Los números, presentados con precisión empresarial, hablan de una operación subterránea con capacidad de procesamiento de miles de toneladas diarias, reservas significativas de oro, plata y cobre, y una vida útil estimada de menos de una década. También proyectan empleos, exportaciones millonarias y aportes fiscales relevantes. Es el argumento clásico: extraer valor en el menor tiempo posible para dinamizar la economía.
Pero el contexto obliga a mirar más allá de esa narrativa.
San Juan no es un territorio marginal. Es uno de los principales polos agrícolas del país, responsable de una parte sustancial de la producción de arroz, habichuelas, maíz y otros rubros esenciales. Su apodo, “el granero del sur”, no es retórico: describe una función económica y social que ha sido sostenida por décadas. Allí, la tierra no es un activo transitorio; es una base permanente.
Esa base depende, casi de forma absoluta, del agua.
Las cuencas que nacen en la Cordillera Central alimentan presas como Sabaneta y sistemas de riego que garantizan la productividad agrícola y el abastecimiento para miles de familias. Alterar ese sistema —aunque sea mínimamente— implica un efecto en cadena que trasciende lo local. No se trata solo de un posible impacto ambiental; se trata de seguridad alimentaria, estabilidad económica y permanencia territorial.
Aquí es donde la ecuación comienza a tensarse.
Mientras la minería proyecta beneficios concentrados en un periodo de 8 a 10 años, la agricultura representa ingresos sostenidos, generación de empleo continua y un arraigo poblacional que evita la migración forzada. Cambiar una economía que produce de manera indefinida por una actividad extractiva con fecha de caducidad no es una simple transición productiva; es una sustitución estructural.
La empresa, por su parte, ha insistido en que el proyecto será distinto: sin uso de sustancias altamente cuestionadas como cianuro o mercurio, sin presas de colas y con un modelo subterráneo que reduciría el impacto superficial. Además, ha mostrado apertura a procesos adicionales como una Evaluación Ambiental Estratégica y ha involucrado a actores académicos y técnicos en la discusión.
Ese enfoque, sin duda, eleva el nivel del debate.
Sin embargo, la experiencia obliga a mantener una mirada crítica. La historia reciente de la minería en el país, particularmente con Barrick Gold, demuestra que incluso proyectos respaldados por grandes corporaciones, con estándares internacionales, no han estado exentos de conflictos sociales, cuestionamientos ambientales y renegociaciones contractuales.
Si ese ha sido el escenario con actores consolidados, la incertidumbre se amplifica cuando el proyecto representa el eje central de una empresa de menor escala, cuya sostenibilidad financiera depende, en gran medida, de su ejecución.
A esto se suma un elemento poco discutido en el discurso público: la magnitud de los residuos. La minería metálica, por su propia naturaleza, genera volúmenes extraordinarios de desechos. Aunque los métodos varían, la proporción entre material removido y mineral aprovechado evidencia que el impacto no se limita al recurso extraído, sino al entorno intervenido.
Y en un ecosistema hídrico sensible, esa intervención no es neutra.
El debate, entonces, no puede reducirse a si el proyecto cumple o no con los requisitos legales. La ley establece mínimos; la realidad exige máximos. La verdadera discusión es si el país está dispuesto a asumir un riesgo que podría comprometer recursos esenciales en nombre de beneficios económicos de corto plazo.
Porque el agua no es negociable en términos absolutos.
No tiene sustituto.
No tiene plazo de reposición.
San Juan ya cumple una función estratégica dentro de la economía nacional. No necesita reinventarse como enclave extractivo para demostrar su valor. La pregunta es si el modelo de desarrollo que se impulse reconocerá esa realidad o la sustituirá por una promesa que, como muchas en la historia latinoamericana, podría ser tan intensa como efímera.
