Santo Domingo. – De cada RD$100 que el Estado dominicano proyecta recaudar a través de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) en 2027, unos RD$84.3 equivaldrían a las asignaciones previstas para intereses de la deuda pública, educación y salud, según explicó Rafael Jovine, director de Estudios Económicos y Seguimiento Financiero de la Dirección General de Presupuesto (Digepres).
El funcionario presentó estas cifras durante el Seminario Vivienda y Hábitat, celebrado el 30 de octubre en el hotel Catalonia, donde advirtió que las restricciones fiscales reducen la disponibilidad de recursos para atender otras necesidades, entre ellas los programas habitacionales.
Según el desglose expuesto por Jovine, de cada RD$100 proyectados de recaudación de la DGII, RD$31.5 corresponderían a intereses de la deuda, RD$35 a educación y RD$17.8 a salud. Los RD$15.7 restantes representarían el margen equivalente para las demás instituciones, inversiones y gastos.
Jovine informó que el gasto público devengado en vivienda y servicios comunitarios pasó de RD$9,678 millones en 2014 a aproximadamente RD$45,349 millones en 2025, multiplicándose por 4.7 durante ese período.
Aclaró que esa partida no corresponde exclusivamente a construcción de viviendas o programas habitacionales, sino que también incluye abastecimiento de agua potable, urbanización y desarrollo comunitario.
Entre 2021 y 2025, estos renglones representaron, en promedio, el 6.7 % del gasto social, frente al 4.9 % registrado entre 2014 y 2020.
El economista explicó que los conflictos internacionales y la dependencia dominicana de las importaciones de hidrocarburos también afectan la disponibilidad de recursos públicos.
«Eso le pasa a República Dominicana y le pasa a toda América Latina, pero sobre todo a un país que es importador neto de hidrocarburos, eso le pasa factura», manifestó.
Jovine sostuvo que estas condiciones ejercen presión sobre el déficit fiscal y contribuyen a que el financiamiento y los intereses de la deuda absorban una proporción creciente del gasto público.
Las declaraciones fueron ofrecidas durante el seminario organizado por Ciudad Alternativa y la Asamblea de Cooperación por la Paz (ACPP), que reunió a funcionarios, académicos y representantes de organizaciones sociales.
Durante el encuentro se abordaron los avances y desafíos del Plan Decenal de Viviendas 2022-2032, así como la necesidad de contar con financiamiento suficiente, coordinación institucional y mecanismos de seguimiento.
Los participantes también destacaron que las políticas habitacionales deben considerar, además de la construcción de viviendas, el acceso a servicios básicos, la planificación territorial y la participación de las comunidades.
