SANTO DOMINGO.– Un proyecto de ley enviado a estudio en el Senado busca prohibir que las trabajadoras domésticas sean obligadas por sus empleadores a utilizar uniforme cuando se encuentren en espacios públicos o privados de uso público.
La iniciativa fue sometida por el senador de Santiago Rodríguez, Antonio Marte, y fue remitida a la Comisión Permanente de Seguridad Social, Trabajo y Pensiones para su análisis antes de cualquier eventual votación en el pleno.
La propuesta no elimina el uniforme como vestimenta de trabajo dentro de la vivienda. De acuerdo con el texto, el empleador podría exigirlo únicamente dentro del hogar donde la trabajadora fue contratada, pero no cuando esta acompañe a la familia fuera de la residencia.
¿Dónde no podrían obligarlas a usar uniforme?
El artículo 5 del proyecto establece que las trabajadoras domésticas no estarían obligadas a vestir uniforme en lugares como restaurantes, salones de eventos, plazas comerciales, tiendas, clubes, salones de belleza y otros espacios públicos o privados de uso público.
La iniciativa busca evitar que esa vestimenta sea utilizada para identificar o diferenciar a las trabajadoras del hogar fuera de su lugar de trabajo.
Marte argumenta en la propuesta que este sector puede estar expuesto a situaciones de discriminación y sostiene que obligar a una trabajadora a utilizar uniforme fuera de la vivienda puede contribuir a ese trato diferenciado.
El proyecto toma como referencia principios del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos, ratificado por República Dominicana.
La propuesta establece sanciones económicas para quienes incumplan las disposiciones sobre el uso del uniforme.
Según el texto difundido, los empleadores podrían ser sancionados con el equivalente a cinco salarios mínimos, mientras que propietarios, gerentes o administradores de establecimientos que exijan el uso de uniforme enfrentarían multas de hasta 10 salarios mínimos.
Aunque algunas informaciones han traducido esas sanciones a RD$50,000 y RD$100,000, el proyecto las expresa en salarios mínimos. Esa distinción es relevante porque el valor monetario dependerá de la referencia salarial que finalmente quede establecida y vigente si la iniciativa llega a convertirse en ley.
No es la primera vez que se presenta
La propuesta ha sido sometida anteriormente en el Congreso sin convertirse en ley.
Registros oficiales del Senado muestran que un proyecto con el mismo propósito, también presentado por Marte, fue depositado en 2023 y posteriormente perimió en enero de 2024. Otra versión introducida en septiembre de 2024 también terminó perimida al cierre de la legislatura de julio de 2025.
La actual iniciativa deberá superar ahora el estudio en comisión y posteriormente, las discusiones y votaciones correspondientes en el Senado. Su envío a comisión no significa que haya sido aprobada.
