El Gobierno de Panamá aprobó un «régimen especial» por 30 días para el tránsito temporal de migrantes americanos de habla hispana que estén en un proceso de repatriación hacia su país de origen u otra nación, que excluye a mujeres embarazadas y menores de edad.
Un decreto ejecutivo, fechado el miércoles, establece la exclusividad de que los beneficiarios sean solo nacionales de países de habla hispana del continente americano con los que Panamá mantenga una relación consular.
Además, el «régimen especial y temporal de tránsito» otorga 30 días improrrogables a esos migrantes; una vez transcurridos, deberán abandonar el territorio panameño hacia su nación o un tercer país con el que Panamá haya suscrito programas de repatriación, describe la normativa publicada en la Gaceta Oficial.
Requisitos del régimen
Entre los requisitos para aplicar se encuentran ser mayor de edad, no estar embarazada, ingresar formalmente, contar con una fecha de salida, no poseer antecedentes penales, presentar la «constancia temporal de tránsito» de las autoridades panameñas y estar incluido en una lista de repatriación entre Panamá y el otro país.
Los migrantes serán instalados en un «recinto migratorio» o «lugar» que las autoridades migratorias panameñas designen, donde se les brindarán servicios básicos como alimentación, atención médica y asistencia legal, bajo el apoyo de un organismo internacional especializado.
La nueva normativa también detalla que «gozarán de movilidad» dentro de las áreas designadas, pero que, en su defecto, «en ningún caso eso constituirá una orden de detención migratoria y los extranjeros gozarán de libertad de movimiento».
A su vez, aclara que los migrantes de ese «régimen» temporal no podrán cambiar su estatus migratorio a refugiado, asilado o entrar en un proceso de admisión de residencia, al no «generar» derechos migratorios.
Además, fija que Panamá no se considera como un país seguro ni de destino.
Contexto migratorio
El decreto ejecutivo no especifica si esos migrantes son deportados desde Estados Unidos, país que ha establecido acuerdos con otras naciones latinoamericanas para acoger a los expulsados. El más reciente se firmó con República Dominicana y excluye a los haitianos.
Panamá acogió a casi 300 migrantes extracontinentales deportados desde Estados Unidos en febrero de 2025, después de suscribir un acuerdo donde el país centroamericano se posicionaba como un «puente» para la repatriación. Fueron alojados temporalmente en un hotel, donde escribían mensajes de ayuda en las ventanas.
Ese pacto surgió después de la visita del secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, a Panamá, en medio de las tensiones por las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, para «recuperar» el Canal, alegando una supuesta influencia china sobre la administración de la vía.
Panamá vivió hasta 2024 una crisis migratoria con el flujo masivo de transeúntes por el Darién, una selva fronteriza con Colombia, plagada de peligros naturales y grupos armados, con el paso de más de 520.000 personas solo en 2023, pero que fue frenada por una batería de políticas antimigratorias, primero de la Administración de José Raúl Mulino y luego de Trump.
