SANTO DOMINGO, RD.– La trágica muerte de Ellen Frances Hulett, una ciudadana estadounidense de 24 años con un alegado historial de trastornos mentales, en una celda del centro de detención de Haina, ha desatado una controversia significativa sobre las condiciones en el recinto y la actuación de las autoridades migratorias dominicanas. El caso de Hulett será conocido hoy por la Segunda Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia de San Cristóbal, en medio de graves denuncias de violaciones a sus derechos fundamentales y negligencia médica. La joven fue hallada sin vida el pasado 23 de junio, apenas seis días después de haber sido trasladada al área femenina.
Hulett llegó a la República Dominicana el 15 de marzo de 2025, procedente de Puerto Rico, vía el Aeropuerto Internacional de Punta Cana. Su viaje la llevó a ser detenida en Hato Mayor junto a un dominicano por supuestamente no portar documentos. Posteriormente, fue enviada a Sabana de la Mar el 19 de abril, donde permaneció bajo custodia por dos días. A pesar de que la ley dominicana establece la presentación de cargos en un plazo de 48 horas, el 21 de abril fue requerida nuevamente en la Fiscalía de Hato Mayor, y el 22 de abril fue recibida por la Dirección General de Migración (DGM), siendo recluida en el centro de detención de Haina, donde permaneció por dos meses hasta su fallecimiento.
Inconsistencias y retrasos en el caso
Durante su ingreso, Hulett se identificó como Ezri Hajune y del sexo masculino, lo que inicialmente llevó a su reclusión en el área de hombres. Las autoridades han señalado que, sin dominio del español, exhibió comportamientos erráticos e inconsistencias en sus escritos, donde afirmaba ser rusa, japonesa y ucraniana, entre otras nacionalidades, pero no estadounidense.
El 10 de mayo, el Comité de los Derechos Humanos de San Cristóbal fue alertado por otros detenidos sobre su situación. Cuatro días después, el 14 de mayo, fue incluida en un habeas corpus colectivo por el activista de derechos humanos Carlos Sánchez, quien solicitó su liberación, evaluación médica, atención psiquiátrica y la designación de un traductor. Sin embargo, estas disposiciones judiciales fueron aplazadas repetidamente.
La evaluación psicológica no se concretó hasta el 22 de mayo, y la evaluación psiquiátrica externa no se realizó sino hasta el 17 de junio, apenas seis días antes de su muerte, y solo después de que se lograra confirmar su verdadera identidad mediante reconocimiento facial. Ese mismo día, fue trasladada al área de mujeres y recibió medicación antipsicótica, según la versión oficial. El 23 de junio, la encontraron sin vida en su celda.
Sospechas y defensa de migración
Aunque las autoridades aseguran que Hulett recibió atención médica y que su cuerpo no presentaba signos de violencia, el hecho de que su cadáver permaneciera sin ser oficialmente levantado hasta el 27 de junio ha generado serias suspicacias. La madre de Ellen Frances Hulett, quien la describe como «una joven amable, inteligente y con historial clínico desde los 14 años», solicitará una segunda autopsia, según informó Carlos Sánchez, quien ha asumido la representación legal de la familia y ha estado en contacto con ella.
Sánchez ha cuestionado las inconsistencias, como la diferencia de cuatro días entre la fecha de muerte notificada por la DGM (23 de junio) y la fecha de certificación (27 de junio), sugiriendo una posible negligencia en la cadena de custodia o incluso encubrimiento. Además, criticó la demora de más de dos meses de Migración en identificar oficialmente a Ellen como ciudadana estadounidense, a pesar de que hablaba inglés y lo indicaba en sus escritos, lo que impidió activar mecanismos consulares y de protección internacional.
La Dirección General de Migración (DGM), por su parte, defiende sus acciones, asegurando haber seguido los protocolos y negando cualquier negligencia o abuso. El reporte final del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) aún está pendiente y se espera que sea crucial en la audiencia de hoy. La autopsia busca esclarecer la causa de su muerte y otras versiones, incluyendo una supuesta violación durante su detención y un ataque de asma.
Rol del activista Carlos Sánchez y visita del defensor del pueblo
Carlos Sánchez Díaz, abogado y coordinador del Comité de los Derechos Humanos de San Cristóbal, ha desempeñado un papel central en la visibilización del caso, presionando para garantizar asistencia médica y protección legal a Hulett. Su intervención comenzó el 10 de mayo, tras ser alertado por otros detenidos sobre la preocupante situación de la joven en Haina. Sánchez documentó el deterioro de Hulett con fotografías y videos, y denunció públicamente el incumplimiento de las órdenes judiciales por parte de la DGM.
Ayer, el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, realizó una inspección especial en el Centro de Detención Migratoria de Haina, en cumplimiento de la Ley 19-01 que le ordena proteger los derechos fundamentales. Acompañado por el segundo adjunto, Darío Nin, el secretario general, Harold Modesto, y un equipo técnico multidisciplinario, Ulloa verificó las condiciones físicas del establecimiento, los protocolos de atención médica y seguridad, así como las circunstancias que rodearon el suceso. Las autoridades de la DGM informaron a Ulloa que la fallecida presentaba aparentes problemas de salud mental y había sido detenida a finales de abril por miembros de la Policía Turística.
