Santo Domingo, R.D. – La reforma a la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos superó su trámite legislativo con la aprobación de la Cámara de Diputados, aunque las diferencias entre el Gobierno, el sector empresarial y especialistas en gestión municipal mantienen abierto el debate sobre su aplicación e impacto.
La iniciativa fue aprobada en una sesión extraordinaria con el voto favorable de 114 diputados y el rechazo de 31, pocas horas antes del vencimiento del primer pago de la contribución especial establecida para unas 147,000 empresas.
Diputados reducen el aporte máximo
Durante la discusión, los legisladores modificaron el texto aprobado previamente por el Senado y redujeron de RD$3 millones a RD$2.2 millones el aporte máximo para las empresas de mayor facturación.
Asimismo, fueron incorporados varios cambios, entre ellos:
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Exoneración del pago para organizaciones sin fines de lucro.
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Posibilidad de deducir la contribución del Impuesto sobre la Renta (ISR) para las empresas más impactadas.
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Un tope de RD$675,000 para compañías cuyos ingresos provienen mayoritariamente de comisiones.
El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, aseguró que el incremento solo afectará a unas 1,114 empresas, mientras alrededor de 145,000 personas jurídicas pagarán igual o menos que con la propuesta aprobada inicialmente por el Senado.
Según explicó, la reforma permitirá aumentar la recaudación anual de aproximadamente RD$3,000 millones a cerca de RD$8,000 millones, recursos que serían destinados al fortalecimiento del sistema nacional de gestión de residuos sólidos.
Empresarios mantienen objeciones
La Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) reiteró que uno de sus principales cuestionamientos radica en el aumento de las contribuciones sin que, según afirma, existiera un proceso suficiente de consultas ni estudios técnicos que justificaran la nueva estructura de pagos.
El sector empresarial considera que la reforma requiere un mayor consenso antes de su implementación definitiva.
Cuestionan el modelo de financiamiento
El municipalista Waldys Taveras, asesor de la Federación Dominicana de Municipios (Fedomu), sostuvo que el principal problema de la reforma no es el monto de las contribuciones, sino el concepto jurídico utilizado para establecerlas.
A su juicio, estos pagos fueron definidos como contribuciones especiales cuando, según explicó, el Tribunal Constitucional ha establecido que este tipo de contribución no puede tener carácter permanente.
Taveras también planteó que el costo del sistema debería distribuirse según la capacidad económica de las empresas y no únicamente por la cantidad de residuos que generan.
Más de 200 botaderos siguen operando
El especialista recordó que República Dominicana produce más de 13,000 toneladas de residuos sólidos cada día y todavía mantiene más de 200 botaderos a cielo abierto, situación que considera uno de los principales retos ambientales del país.
Explicó que el cierre de esos vertederos requerirá inversiones en estaciones de transferencia, plantas de valorización y nueva infraestructura para el manejo adecuado de los desechos.
Un debate que continúa
Aunque la aprobación de la reforma representa el cierre del proceso legislativo, el debate sobre su aplicación permanece abierto.
Mientras el Gobierno sostiene que el nuevo esquema garantizará mayores recursos para mejorar la gestión de residuos sólidos sin afectar a la mayoría de las empresas, el sector empresarial insiste en la necesidad de revisar el modelo, y especialistas advierten que el verdadero reto será demostrar que la nueva estructura resulta suficiente, sostenible y jurídicamente sólida para enfrentar uno de los mayores desafíos ambientales de la República Dominicana.
