Santo Domingo.- La audiencia de medida de coerción contra los acusados del presunto fraude cometido en Senasa concluyó hace unas horas, luego de que la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional fijara para este jueves 11 de diciembre, a las 2:00 de la tarde, el conocimiento formal del proceso.
El magistrado Rigoberto Sena dispuso la fecha con el propósito de otorgar tiempo a los abogados de los imputados para preparar sus medios de defensa. El juez subrayó que el caso «reviste seriedad» y que el Ministerio Público debe evitar «lanzar imputaciones alegres».
El documento de solicitud de medidas de coerción sobrepasa las 500 páginas y la investigación del Ministerio Público describe un entramado que combinaba fraude administrativo, corrupción, falsificación de documentos y lavado de activos.
El expediente señala como supuesto líder de la estructura al entonces director de Senasa, Santiago Hazín, junto a gerentes y colaboradores estratégicos. Según la PEPCA, se habrían creado programas especiales fraudulentos de sobornos sin sustento técnico ni financiero utilizados para recibir sumas millonarias.
Las maniobras, dice la PEPCA, generaron un desfalco de más de 15 mil millones de pesos, con estimaciones que rondan los 43 mil millones.
Modalidad
La investigación indica que la presunta estructura criminal instalada desde 2020 habría recibido 1,165 millones de pesos en sobornos para la continuidad del programa Adulto Mayor, mediante la empresa Nutrimed.
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La empresa, representada por la imputada Cinthia Costa, habría entregado al empresario José Pablo Ortiz unos 529 millones de pesos en efectivo y por contratos ficticios, cuyo 90% supuestamente era entregado en dólares al exfuncionario.
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El órgano acusador sostiene que los imputados alteraron estados financieros, presentaron reclamaciones inexistentes y aplicaron incrementos fraudulentos en tratamientos oncológicos, cardiovasculares y quirúrgicos.
«Se trató del robo del dinero de la salud de envejecientes, niños de escasos recursos y personas que hoy están bajo tierra», declaró el Ministerio Público.
El expediente también menciona el uso de empresas de carpeta, facturación falsa, triangulación bancaria y compras simuladas para lavar fondos desviados, y la presunta manipulación de tratamientos que habrían puesto en riesgo la sostenibilidad del seguro público y afectado a más de un millón de afiliados, especialmente los más vulnerables.
