La oenegé Human Rights Watch (HRW) denunció el miércoles «la ejecución extrajudicial de 120 latinoamericanos» en el Caribe por ataques de Estados Unidos, y dijo que el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca animó a varios gobiernos de América Latina para cometer abusos.
Juanita Goebertus, directora para las Américas de HRW, advirtió que a las «graves violaciones a derechos humanos» identificadas «por décadas» en países como Cuba, Nicaragua y Venezuela, se suman ahora los abusos cometidos por Washington en la región, además de la retención de extranjeros deportados por Estados Unidos en El Salvador, Panamá y Costa Rica.
«La ejecución extrajudicial de 120 latinoamericanos en aguas del Caribe y el Pacífico» durante ataques estadounidenses contra embarcaciones supuestamente utilizadas para el trasiego de drogas es una de las acciones del gobierno de Trump que han agravado la situación de los derechos humanos en la región, citó Goebertus en una rueda de prensa.
Estas muertes se dieron en el contexto del despliegue naval que mantiene Washington en el Caribe, donde ha atacado botes presuntamente del narcotráfico, y que condujo al poderoso operativo militar para capturar al depuesto presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el 3 de enero.
En su informe anual, presentado en Ciudad de México, HRW menciona también que El Salvador recluyó a 252 venezolanos deportados desde Estados Unidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot). En esa megacárcel inaugurada en 2023 por el presidente Nayib Bukele, HRW pudo «documentar que (los deportados) sufrieron torturas sistemáticas», añadió Goebertus en entrevista telefónica con AFP.
La abogada lamentó que países «que históricamente han sido muy comprometidos con la defensa de derechos humanos, como Panamá y Costa Rica» hayan retenido a extranjeros deportados por Estados Unidos «sin ninguna justificación». «El gobierno de Estados Unidos ha tenido una influencia indudablemente negativa» en la región, cuyo balance frente a las políticas migratorias del republicano «es muy desafortunado», afirmó.
El recorte de Trump a la ayuda internacional de Washington, a través de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), tuvo un impacto «supremamente grave» en América Latina y el Caribe, denunció Goebertus.
- «Tortura» y «desaparición forzada» – Los ecos de esta política también llegan hasta países como Ecuador y Perú, que al igual que El Salvador, lanzaron leyes «para el cierre arbitrario de organizaciones» de derechos humanos, aprovechando el «debilitamiento» de las oenegé. HRW destaca que, con resultados disímiles, gobiernos latinoamericanos que aplicaron políticas de mano dura contra la delincuencia registran un incremento en las violaciones a los derechos humanos.
En el caso de México, Goebertus llamó a poner «la lupa» en «la erosión del sistema de pesos y contrapesos», entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, provocada por la reforma constitucional que instauró la elección popular de jueces. Esta reforma convirtió «a los jueces en actores sujetos a mayorías políticas y presiones electorales», añadió la politóloga Denise Dresser en la rueda de prensa.
Lisa Sánchez, especialista en seguridad y política de drogas señaló que la «militarización» de la seguridad pública no solo incrementa los riesgos de violaciones a las garantías fundamentales sino que no ha puesto un freno a la corrupción en México. «Las fuerzas armadas están participando igualmente en esquemas de corrupción», dijo Sánchez, en alusión a las indagatorias por contrabando de combustible contra elementos de la Secretaría de Marina en 2025.
El informe de HRW reconoce la reducción de la pobreza en México, pero «comer mejor no compensa vivir sin justicia», subrayó Dresser.
