Las propuestas buscan retirar fondos federales a los hospitales que ofrecen intervenciones quirúrgicas o terapias hormonales, como bloqueadores de la pubertad, a menores que no se identifican con su sexo biológico.
Esta norma colocaría a los establecimientos médicos en «una situación extremadamente peligrosa» si siguieran ofreciendo ese tipo de atención, explicó a la AFP Michael Ulrich, profesor de salud pública y derecho en la Universidad de Boston.
Y supondría restringir e incluso impedir el acceso a los jóvenes afectados.
Al anunciar las iniciativas, el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., calificó la atención médica de transición de género como «mala praxis» basada en «pseudociencia impulsada por objetivos ideológicos».
Estos tratamientos «han infligido daños físicos y psicológicos duraderos a jóvenes vulnerables», dijo en rueda de prensa.
Las medidas presentadas no son finales y deben ser sometidas a consulta pública.
La influyente organización de defensa de los derechos civiles ACLU prometió oponerse a la eventual implementación de estas iniciativas, calificándolas de «crueles» e «inconstitucionales».
Desde su regreso al poder, Trump ha revertido varias medidas contra las personas transgénero, incluida su exclusión de las fuerzas armadas.
El Departamento de Salud ya había sembrado dudas en mayo sobre los tratamientos de transición de género al publicar un extenso informe que señalaba «riesgos significativos» asociados a estas prácticas, que sin embargo fue cuestionado por la comunidad científica estadounidense.
El acceso de los menores a estos tratamientos hormonales o quirúrgicos es objeto desde hace varios años de intensos debates en Estados Unidos y en otros países.
Estos nuevos anuncios de la administración Trump se producen al día siguiente de la adopción por la Cámara de Representantes de Estados Unidos de un proyecto de ley que prohíbe tratamientos de afirmación de género para menores.
El texto, que tiene pocas probabilidades de ser aprobado por el Senado, criminalizaría estos tratamientos y haría que cualquier persona que realizara un acto médico de este tipo, o ayudara a alguien a beneficiarse de él, se enfrentara a hasta 10 años de prisión.
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