Perú.- A poco más de nueve meses desde que dejó el penal de Barbadillo, el expresidente peruano Alberto Fujimori falleció este miércoles en la casa de San Borja donde vivía con su hija Keiko Fujimori y sus nietas. Fujimori, quien había sido liberado tras la reposición de un indulto humanitario en 2017, se encontraba en un estado de salud delicado desde hacía una semana, según fuentes cercanas a la familia.
Fujimori, de 85 años, había sufrido un deterioro de su salud desde junio, cuando fue operado tras una caída que afectó su cadera. Además, padecía de cáncer en la lengua, por lo que recibía quimioterapia, lo que contribuyó a su debilitamiento. El subsecretario general de Fuerza Popular, Miguel Torres, confirmó la gravedad de la situación, señalando que «estaba pasando por un momento muy difícil».
El sacerdote que visitó al exmandatario este miércoles le administró los santos óleos, en un claro indicio de su delicado estado.
Honores de Estado y protocolo
El gobierno de Dina Boluarte anunció que seguirá estrictamente los protocolos establecidos para el fallecimiento de expresidentes, a pesar de las condenas que pesaban sobre Fujimori. Esto incluye la izada a media asta del Pabellón Nacional y el duelo oficial el día de su inhumación.
El retorno a la política
En junio pasado, Fujimori sorprendió al afiliarse a Fuerza Popular, el partido liderado por su hija Keiko, y anunció su deseo de regresar a la política activa. Aunque Keiko había adelantado que su padre sería candidato presidencial en 2026, expertos constitucionalistas descartaron esta posibilidad debido a su condición de condenado, lo que le impedía postularse.
El legado de Fujimori
Fujimori gobernó Perú de 1990 a 2000, en un mandato marcado por el autoritarismo, violaciones a los derechos humanos y una vasta red de corrupción liderada por su asesor Vladimiro Montesinos. Aunque su administración logró la captura del líder terrorista Abimael Guzmán y estabilizó la economía del país, fue condenada por crímenes de Estado, incluyendo las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta.
El exmandatario recibió cuatro condenas firmes, la más grave de 25 años de prisión por homicidio calificado y secuestro agravado. A pesar de estas condenas, en 2017 recibió un indulto humanitario que fue anulado en 2018, aunque finalmente fue restablecido por el Tribunal Constitucional en 2022, lo que permitió su liberación.
