Por Osvaldo Reyes
El abandono de motocicletas retenidas no es un simple acto de irresponsabilidad individual; es el reflejo de una falla sistémica. Cuando el costo de recuperar un vehículo supera la facilidad de adquirir uno nuevo, el problema no está únicamente en el ciudadano, sino en el modelo de regulación.
La proliferación de financiamientos flexibles, sumada a una débil supervisión institucional, ha generado un círculo vicioso: compra rápida, documentación incompleta, incumplimiento de normas y posterior abandono. Mientras tanto, el Estado pierde control, los dealers acumulan riesgos financieros y las calles continúan saturadas de motocicletas sin regulación efectiva.
La Ley 63-17 establece un marco claro, pero la brecha entre la norma y su aplicación sigue siendo amplia. Sin fiscalización coherente y políticas públicas integrales —que incluyan educación vial, control administrativo y acceso formal al crédito— cualquier esfuerzo será insuficiente.
El desafío no es solo legal, sino social. Regular el sector motociclista implica comprender su peso en la economía informal y su impacto en miles de familias dominicanas. La solución requiere equilibrio: firmeza en la aplicación de la ley, pero también reformas estructurales que ataquen el problema desde su raíz.
