El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, denunció que, en lugar de respetar la voluntad del pueblo venezolano, Maduro y sus aliados han proclamado una victoria ilegítima, mientras reprimen e intimidan a la oposición democrática. Además, el Departamento del Tesoro implementó sanciones financieras a los 16 funcionarios por su papel en «impedir un proceso electoral transparente y la publicación de resultados precisos». Paralelamente, se prohibió la entrada a Estados Unidos de dichos funcionarios.
Estas medidas elevan a más de 140 los funcionarios venezolanos sancionados por Washington, y casi 2.000 personas tienen restricciones de visado.
Reacción de Venezuela y de la ONU
El Gobierno venezolano calificó las sanciones como un «nuevo crimen de agresión» y condenó la injerencia de EE.UU., acusando a este país de violar el derecho internacional y los acuerdos previos firmados en Catar. Asimismo, el canciller venezolano, Yván Gil, criticó al secretario general de la ONU, António Guterres, quien sugirió que las sanciones no contribuirán a resolver la crisis política en Venezuela, afirmando que Guterres apoya a quienes imponen sanciones «ilegales«.
La situación agrava aún más la ya tensa relación entre Venezuela y Estados Unidos, mientras el país sudamericano sigue sumido en una profunda crisis política y económica.
