SANTO DOMINGO.- La Cámara de Diputados aprobó este lunes, en dos lecturas consecutivas, el proyecto de ley que autoriza el reconocimiento y pago de deudas acumuladas por obras públicas ejecutadas desde 1996, principalmente a pequeños contratistas, personal de mantenimiento escolar, supervisores y obreros de asfalto.
Con esta aprobación, la iniciativa queda convertida en ley, tras haber recibido el visto bueno del Senado de la República el pasado sábado, quedando pendiente únicamente su promulgación u observación por parte del Poder Ejecutivo.
De acuerdo con una nota oficial del órgano legislativo, la normativa tiene como objetivo permitir, de manera excepcional y por única vez, la validación y pago de obligaciones generadas por trabajos realizados sin contrato formal o que estuvieron sujetos a reformulaciones presupuestarias, con el propósito de regularizar compromisos pendientes y fortalecer la transparencia en el uso de los recursos públicos.
La ley establece de forma expresa el reconocimiento de las deudas contraídas por el Estado dominicano, a través de distintas instituciones centrales y descentralizadas, con profesionales, empresas contratistas y entidades ejecutoras que figuran en el listado anexo a la pieza legislativa.
“El Estado reconoce como acreedores a los ingenieros, empresas y demás ejecutores que realizaron obras debidamente concluidas, recibidas y actualmente en funcionamiento en beneficio de diversas comunidades del país”, señala el texto aprobado.
La iniciativa fue sancionada tras un amplio debate en el hemiciclo, donde legisladores de distintas bancadas expusieron sus posiciones a favor y en contra del proyecto. Previo a la discusión, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, informó que una comisión del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA) sostuvo encuentros con los bloques mayoritarios para explicar el alcance y los objetivos de la propuesta.
Los diputados de los partidos de la Liberación Dominicana (PLD) y Fuerza del Pueblo votaron en contra de la iniciativa, alegando objeciones al contenido y a los alcances de la medida.
