La Dirección General de Compras y Contrataciones (DGCP) informó que durante el año 2025 emitió 35 decisiones de inhabilitación del Registro de Proveedores del Estado (RPE), incluyendo sanciones permanentes por presentación de documentos falsos.
A esta cifra se suman 91 registros cancelados o suspendidos de oficio pertenecientes a personas condenadas o procesadas por delitos de corrupción.
Según el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP), actualizado al 14 de enero de 2026, existen 80,034 empresas activas suplidoras del Estado, de las cuales 8,568 son Mipymes.
Dentro de las recientes suspensiones bajo la resolución DGCP44-2025-005056, destacan empresas vinculadas al entramado de sobornos en el Seguro Nacional de Salud (Senasa), tales como Farmacard, KHERSUN, Deleste (propiedad de Eduardo Read Estrella) y JCMV Despacho Legal.
También fueron suspendidas entidades de los suplidores Cinty Acosta, Ana Ledesma, Heidi Pineda Perdomo y Ramón Alan Speakler Mateo, así como empresas utilizadas por José Pablo Ortiz Giráldez para el cobro de comisiones ilícitas, entre ellas Comercializadora Netofa y OGSS Prestadora De Servicios De Salud.
El caso Senasa ha tenido un impacto judicial significativo. El pasado 14 de diciembre, el juez Rigoberto Sena dictó 18 meses de prisión preventiva contra el exdirector de la entidad, Santiago Hazim, y los exgerentes Gustavo Enrique Messina Cruz, Francisco Iván Minaya Pérez y Germán Rafael Robles Quiñones. Por su parte, Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo y Eduardo Read Estrella recibieron la medida de prisión domiciliaria, mientras el Ministerio Público continúa las investigaciones lideradas por la Pepca.
