A pesar de que una disposición legal estableció hace varios años que los ciudadanos dominicanos no deben pagar la tarjeta de turista al ingresar o salir de la República Dominicana, el cobro de US$10 continúa aplicándose automáticamente en los boletos aéreos, obligando a miles de viajeros a gestionar posteriormente un reembolso ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
La situación ha vuelto a generar debate tras el reciente anuncio del Gobierno sobre el incremento de la contribución de salida para los pasajeros que abandonan el país, medida que ha despertado inquietudes sobre los diferentes cargos incluidos en los pasajes aéreos.
Aunque la Resolución 217-2022 dispuso que los dominicanos dejaran de asumir el costo de la tarjeta de turista, la aplicación efectiva de esa medida continúa pendiente debido a limitaciones tecnológicas en los sistemas utilizados por las aerolíneas para identificar automáticamente la nacionalidad de los pasajeros al momento de emitir los boletos.
En 2023, varias aerolíneas internacionales presentaron recursos legales para frenar la eliminación del cobro, mientras que ciudadanos dominicanos acudieron ante el Tribunal Constitucional para impugnar el mecanismo vigente de reembolso. Posteriormente, el alto tribunal concluyó que los dominicanos no pueden ser considerados turistas en su propio país y, por tanto, no deben estar sujetos a ese pago.
Sin embargo, la sentencia estableció un período de transición de dos años para que las autoridades competentes desarrollen los ajustes tecnológicos y normativos necesarios que permitan eliminar definitivamente el cobro automático. Durante ese tiempo, continuará vigente el esquema actual de cobro y posterior devolución a través de la DGII.
Según explicó la Junta de Aviación Civil (JAC), corresponde a la DGII y al Congreso Nacional ejecutar las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento definitivo de la decisión constitucional. Mientras tanto, los viajeros dominicanos seguirán viendo reflejado el cargo en sus boletos y deberán solicitar el reembolso correspondiente.
La controversia cobra especial relevancia en momentos en que el Gobierno impulsa ajustes fiscales vinculados al transporte aéreo, lo que ha incrementado la atención pública sobre los costos asociados a los viajes internacionales desde y hacia la República Dominicana.
De no implementarse las adecuaciones requeridas dentro del plazo fijado por el Tribunal Constitucional, cualquier cobro futuro de la tarjeta de turista a ciudadanos dominicanos podría ser considerado contrario a la Constitución y dar lugar a acciones legales por parte de los afectados.
