SANTO DOMINGO.– Una afiliada del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) presentó una querella con constitución en actor civil contra varias personas vinculadas a la investigación SeNaSa 2.0-A, así como contra el Centro Médico Universal, al denunciar que su identidad habría sido utilizada para facturar servicios médicos inexistentes.
La querella fue interpuesta por María de los Milagros Flores Ovando mediante sus abogados Raudys Leonardo Fernández Rodríguez, Delsa González y Niki Rafael Minaya Jáquez.
Según la acción legal, la afiliada asegura que sus datos fueron utilizados sin autorización y que su firma habría sido falsificada en documentos empleados para gestionar reclamaciones ante SeNaSa por procedimientos que afirma no haber solicitado, autorizado ni recibido.
Entre las personas señaladas figuran la doctora Griselda Altagracia Basora Ramírez, Angeury Guzmán Vásquez, Heidy Coronado Paulino, Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova, Lucreisy Polanco Núñez, Ángel Luis Guzmán Vásquez y los doctores José Luis Díaz Hernández y Juan Gabriel Rodríguez Ravelo, además del Centro Médico Universal. Todos conservan la presunción de inocencia.
Uno de los casos incluidos en la querella corresponde a una supuesta resección de granuloma vulvoperineal, facturada por RD$11,664 y asociada a documentos en los que aparece una firma atribuida a Flores Ovando.
La querellante sostiene que nunca recibió ese procedimiento.
También figuran otras reclamaciones por montos menores vinculadas a servicios médicos que igualmente asegura desconocer.
De acuerdo con documentos citados en la querella, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) realizó análisis grafotécnicos sobre formularios relacionados con el caso y determinó irregularidades en firmas atribuidas a la afiliada.
Reclama una indemnización de RD$20 millones
Flores Ovando solicita que los querellados sean condenados al pago de RD$20 millones por daños y perjuicios, alegando vulneración de sus derechos a la identidad, intimidad y protección de sus datos personales.
La acción se suma a la investigación que desarrolla el Ministerio Público dentro de la denominada Operación Cobra 2.0-A, en la que fiscales atribuyen a una presunta estructura el uso de información de afiliados para tramitar autorizaciones y cobrar servicios que estos aseguran nunca recibieron.
Según la solicitud de medida de coerción, el expediente documenta 4,363 autorizaciones presuntamente fraudulentas por más de RD$41.1 millones, realizadas entre enero de 2021 y febrero de 2025.
La querella de Flores Ovando es relevante porque lleva al proceso una reclamación directa de una afiliada que afirma haber sido víctima de la supuesta maniobra.
Las imputaciones continúan bajo investigación judicial y ninguna de las personas señaladas puede ser considerada culpable mientras no exista una sentencia definitiva.
