SANTO DOMINGO.– Afiliados del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) aparecían registrados con consultas y procedimientos médicos que, según el Ministerio Público, nunca solicitaron ni recibieron, como parte de un esquema investigado en la Operación Cobra 2.0-A.
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) sostiene que médicos, empleados y exempleados de la ARS estatal habrían utilizado datos reales de afiliados para generar autorizaciones, facturar servicios y obtener pagos por atenciones inexistentes.
La investigación documenta 4,363 autorizaciones de consultas y procedimientos por RD$41.1 millones, realizadas entre enero de 2021 y febrero de 2025, de acuerdo con la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
Cómo habría funcionado el esquema
La titular de la Pepca, Mirna Ortiz, explicó que el órgano acusador investiga lo que definió como un “articulado esquema” que habría operado con la participación de exempleados de SeNaSa y médicos que tenían códigos asignados.
Según el expediente, una de las modalidades consistía en utilizar la información de afiliados para tramitar autorizaciones y posteriormente facturar consultas o procedimientos que no habían sido realizados.
En algunos casos, el Ministerio Público afirma haber identificado expedientes clínicos confeccionados con datos personales de usuarios que posteriormente negaron haber recibido las atenciones registradas.
La acusación incluye incluso casos de afiliados masculinos a quienes aparecían registradas consultas ginecológicas, de acuerdo con la investigación reseñada en el expediente.
El Ministerio Público sostiene que la maniobra no solo habría provocado una salida irregular de recursos de SeNaSa.
Cuando se cargaba un procedimiento inexistente a nombre de un afiliado, esa autorización podía reducir la cobertura disponible para esa persona, pese a que nunca había recibido el servicio correspondiente.
Esto convierte el caso en algo más que una discusión sobre facturación: de comprobarse, el esquema habría utilizado la identidad sanitaria de pacientes reales y afectado directamente sus beneficios dentro del seguro.
Médicos habrían entregado parte del dinero cobrado
Otra línea del expediente señala que algunos médicos que recibían pagos por consultas o procedimientos presuntamente inexistentes habrían entregado entre 40 % y 60 % del dinero cobrado a integrantes de la estructura investigada.
Según el Ministerio Público, esas entregas se realizaban en efectivo o mediante transferencias bancarias.
Estos señalamientos forman parte de la acusación y deberán ser probados ante los tribunales.
Audiencia continuará este miércoles
El conocimiento de la medida de coerción fue aplazado para el miércoles 23 de septiembre a las 2:00 de la tarde, luego de que abogados de la defensa solicitaran tiempo adicional para examinar las pruebas depositadas por el Ministerio Público.
La audiencia también fue impactada por la incorporación de una nueva imputada, la gastroenteróloga Ysabel Heredia Vallejo, quien se entregó a las autoridades y fue incluida en el proceso.
El expediente de Cobra 2.0-A consta de 525 páginas y el Ministerio Público ha solicitado que el caso sea declarado complejo.
Ministerio Público pide 18 meses de prisión preventiva
La Pepca solicita 18 meses de prisión preventiva contra los imputados mientras avanza la investigación.
Entre los sometidos figuran médicos, empleados y exempleados de SeNaSa, además de particulares señalados como parte de las presuntas maniobras.
Ortiz también ha advertido que las pesquisas podrían ampliarse a más personas o entidades y señaló que esta fase no necesariamente representa el final de la investigación.
Un expediente dentro de una investigación más amplia
Cobra 2.0-A forma parte de una investigación mayor sobre presuntas irregularidades en SeNaSa.
El Ministerio Público ha desarrollado varias líneas relacionadas con supuestos fraudes, entre ellas el expediente inicial contra antiguos funcionarios de la institución y la denominada Operación Onco14, vinculada a presuntas irregularidades en servicios oncológicos.
Las imputaciones incluyen, según los distintos expedientes, señalamientos por asociación de malhechores, estafa contra el Estado, falsificación, soborno y lavado de activos.
Todas estas acusaciones corresponden a la versión del Ministerio Público. Los imputados conservan la presunción de inocencia y será responsabilidad de los tribunales determinar si los hechos atribuidos quedan probados.
