El director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, solicitó al juez del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, mantener prisión preventiva contra los imputados en el desfalco al Seguro Nacional de Salud (Senasa), argumentando que las defensas no han presentado elementos nuevos que justifiquen su libertad.
Durante el conocimiento de la revisión obligatoria de la medida de coerción, planteó al juez Deiby Timoteo Peguero que señalar que los documentos depositados por los abogados de los encartados carecen de la «novedad y suficiencia» que exige el Código Procesal Penal para variar una medida ya impuesta. El procurador adjunto explicó que un presupuesto legal no es simplemente cualquier documento nuevo, sino uno que sea proporcionalmente útil para desvirtuar el peligro de fuga.
Cuestionó que se presentaran cartas de asociaciones o recibos de servicios (luz o teléfono) como garantía de arraigo y sobre un imputado que alegó su profesión de abogado para obtener libertad, Camacho advirtió: «La condición de abogado no puede ser un privilegio; al contrario, quien conoce la ley tiene mayor conciencia del daño que causa al Estado». Camacho calificó como «insuficientes» los argumentos de salud de familiares, recordando que la ley solo contempla variaciones por enfermedades graves o terminales del propio imputado.
El impacto social del fraude
Wilson Camacho recordó la gravedad de los hechos vinculados a la investigación, destacando que el dinero sustraído estaba destinado a la salud de los dominicanos más vulnerables. «Se han robado el dinero de la salud del pueblo. Quince millones de pesos sustraídos no son solo números; se traducen en una persona de la tercera edad o un enfermo terminal que va a un hospital y no encuentra el medicamento que necesita para vivir», acotó Macho.
Petición al Tribunal
El Ministerio Público, representado también por la procuradora general de la República, solicitó formalmente al tribunal rechazar todos los pedimentos de las defensas por no presentar presupuestos que hagan variar las condiciones originales. Mantener la prisión preventiva y demás medidas de coerción impuestas, debido a que persiste el riesgo de afectar el proceso y la gravedad del daño al patrimonio público permanece inalterable.
En el caso figuran como acusados Santiago Hazim (exdirector de Senasa), Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma, quienes solicitaron al tribunal variar la medida de coerción dictada en su contra.
