El director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, aseguró este viernes que la exclusión del cargo de terrorismo en el caso Intrant no debilita la acusación presentada contra los imputados y sostuvo que los delitos que fueron retenidos por el tribunal podrían conllevar condenas de hasta 20 años de prisión.
Las declaraciones fueron ofrecidas luego de que la jueza Yanibet Rivas, del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, enviara a juicio de fondo al exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras; al empresario José Ángel (Jochi) Gómez, así como a otros acusados vinculados al expediente por las presuntas irregularidades en la contratación del sistema de semáforos.
Camacho explicó que, aunque el tribunal excluyó el tipo penal de terrorismo, mantuvo la acusación por sabotaje, una decisión que, a su juicio, preserva la esencia de los hechos atribuidos por el Ministerio Público.
«Hay decisiones que reflejan el trabajo del Ministerio Público y esta es una de esas decisiones. El tribunal excluyó el tipo penal de terrorismo sobre una visión que tiene el tribunal de que no se da la parte subjetiva del tipo penal, pero retuvo el sabotaje que permite retener la parte objetiva del tipo penal», expresó.
Se resolverá en juicio
El procurador adjunto afirmó que la discusión sobre la calificación jurídica aún puede continuar durante el juicio de fondo, donde el órgano acusador tendrá la oportunidad de presentar sus pruebas.
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«Esta es una cuestión que puede perfectamente resolverse en juicio en la medida que el Ministerio Público pruebe la realidad de la conducta y podamos solicitar en juicio que el tribunal que conozca del mismo varíe la calificación, así que esto no es un problema para el Ministerio Público», agregó.
Las declaraciones de Camacho se producen después de que Jochi Gómez afirmara que enfrentará el proceso «con todo» y celebrara la exclusión del cargo de terrorismo.
Al ser consultado sobre esas declaraciones, el director de Persecución insistió en que la decisión judicial no altera los fundamentos del expediente.
«No debilita el caso porque los hechos se mantienen, las pruebas se mantienen y el tribunal retuvo el sabotaje. Es como decir que el tribunal retuvo del tipo penal el 90 %. El resto nosotros lo podemos probar y resolver en juicio en la medida en que se desahogue la calificación jurídica», manifestó.
Camacho también destacó que el tribunal mantuvo la acusación por lavado de activos, uno de los delitos incluidos en el expediente presentado por el Ministerio Público, por lo que expresó que el caso puede condenarse hasta con 20 años de prisión.
Además de referirse al contenido de la decisión, el representante del Ministerio Público resaltó la rapidez con que avanzó el proceso desde la presentación formal de la acusación.
«Esta es la primera acusación que se conoce con la modificación que se hizo al Código Procesal Penal. Ustedes podrán darse cuenta que desde el depósito de la acusación al día de hoy han transcurrido solo seis meses y ya este caso va a juicio», indicó.
Según Camacho, ese plazo evidencia los efectos de los cambios introducidos en la legislación procesal penal para agilizar el conocimiento de los casos en los tribunales.
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