La jueza Yanibet Rivas, del Sexto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, dispuso este viernes la apertura a juicio de fondo contra el exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, y el empresario José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez), por las presuntas irregularidades detectadas en la adjudicación y ejecución del contrato para la modernización de la red semafórica del Gran Santo Domingo.
La magistrada determinó que existen elementos suficientes para que las acusaciones presentadas por el Ministerio Público sean conocidas en un juicio de fondo, donde se debatirán las responsabilidades penales de los imputados y de los demás acusados vinculados al caso.
Aunque el expediente incluía acusaciones por actos de terrorismo relacionados con las fallas registradas en el sistema semafórico de la capital, la jueza decidió excluir esa imputación. No obstante, mantuvo cargos por presunto desfalco, lavado de activos, asociación de malhechores, estafa contra el Estado y otras infracciones contempladas en la acusación.
El Ministerio Público sostiene que los imputados estructuraron un esquema para adjudicar de manera irregular un contrato superior a los RD$1,300 millones a la empresa Transcore Latam, vinculada a Gómez, para la gestión y modernización de la red de semáforos.
Según la acusación, los actos de sabotaje registrados en agosto de 2024 habrían ocurrido tras la suspensión del referido contrato por parte de las autoridades.
Otros enviados a juicio
Junto a Beras y Gómez, también fueron enviados a juicio Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico del Intrant; Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de Tecnología; Frank Rafael Atilano Díaz Warden, excoordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras; y Juan Francisco Álvarez Carbuccia, exdirector administrativo y financiero de la institución.
Asimismo, enfrentarán juicio Carlos José Peguero Vargas, Mariano Gustini, Manuel Eduardo Mora Vázquez y Henry Darío Féliz Casso.
La decisión también incluye a las empresas Transcore Latam S.R.L., Aurix S.A.S., Inprosol S.R.L., OML Inversiones S.R.L., PagoRD Xchange S.R.L., Industria Soltex Dominicana S.R.L. y Dekolor S.R.L., señaladas por el órgano acusador de formar parte de la estructura utilizada para ejecutar las presuntas irregularidades.
El Ministerio Público atribuye a los acusados delitos como coalición de funcionarios, asociación de malhechores, desfalco, lavado de activos, estafa contra el Estado, delitos de alta tecnología, robo de identidad y otras infracciones contempladas en la legislación dominicana.
Con esta decisión, el caso avanza a una nueva etapa judicial en la que las partes deberán presentar y debatir las pruebas ante un tribunal de juicio.
