La escalada de violencia de las pandillas en Guatemala puso al descubierto las fragilidades del aparato de seguridad, pero también un presunto complot contra el gobierno para blindar una denunciada alianza entre políticos y criminales.
El asesinato de diez policías el fin de semana en represalia por la ocupación de tres cárceles donde pandilleros habían tomado a decenas rehenes llevó al presidente socialdemócrata Bernardo Arévalo a decretar el estado de sitio, solo superado por el estado de guerra. Hay «cero control» sobre el sistema penitenciario, asegura el exfiscal antipandillas Juan Francisco Solórzano, quien cuestiona que los servicios de inteligencia no hubieran anticipado los ataques.
La ofensiva criminal «no es fortuita, obedece a operaciones deliberadas, impulsadas por redes político-criminales», sostiene de su lado el exfiscal anticorrupción Juan Francisco Sandoval, exiliado en Estados Unidos desde 2021. Sandoval fue destituido por la fiscal general, Consuelo Porras, enemiga del presidente Arévalo y sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea, bajo acusaciones de solapar la corrupción. Mencionada asiduamente por el gobierno y oenegés como parte del entramado que supuestamente protege a los delincuentes, la fiscal debe ser sustituida en mayo por el mandatario.
– Punto de quiebre –
La ola de violencia de la pandilla Barrio 18 -considerada terrorista por Guatemala y Estados Unidos– se remonta a julio pasado cuando cinco de sus máximos jefes fueron trasladados a una prisión de alta seguridad. El motín en el penal Renovación I fue liderado por Aldo Dupie, alias «El Lobo», quien exigía ser enviado a una cárcel con menor seguridad y más comodidades. Tras ser sometido, fue presentado públicamente arrodillado y con esposas; entonces se desataron los atentados.
– «Sacar» al presidente –
Este pico de violencia se produce en la antesala del cambio de fiscal general así como de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral y de la Corte de Constitucionalidad. «Quieren sacar a Bernardo del poder», opina Solórzano. Condenado por varios homicidios, alias «El Lobo» tiene una relación sentimental con una sobrina de la dirigente opositora Sandra Torres. La fiscal Porras, que rechaza tener tratos con criminales, aprovechó sin embargo los episodios de violencia para atacar a Arévalo: «Sea serio, presidente, asuma su responsabilidad», dijo el miércoles.
– Riesgo de nuevos ataques –
Arévalo anticipó el miércoles que los ataques no van a cesar, pues es una reacción de las «élites políticas criminales» que temen perder el control de un sistema donde trafican corrupción e impunidad. Según dijo a la AFP el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, el poder económico de las pandillas les permite financiar «campañas o impulsar a sus propios candidatos».
