EE.UU.– El gobierno de Donald Trump ha ordenado a las autoridades de inmigración considerar inelegibles para la visa de inmigrante a extranjeros con problemas de salud, como la obesidad, o de edad avanzada, si pueden representar una carga pública para el país, según un informe de KFF Health News.
Nuevas restricciones en los criterios de salud
De acuerdo con la nueva directriz del Departamento de Estado, enviada a embajadas y consulados estadounidenses, se amplía la lista de condiciones médicas que pueden ser motivo de negación para residir permanentemente en Estados Unidos.
Aunque los exámenes médicos han sido parte del proceso migratorio por décadas, la nueva disposición instruye que los funcionarios “deben considerar la salud del solicitante”, prestando especial atención a enfermedades crónicas o de alto costo para el sistema de salud estadounidense.
Entre las afecciones mencionadas figuran la obesidad, la diabetes, la apnea del sueño, el asma y la hipertensión, ya que “todas estas afecciones pueden requerir atención médica costosa y prolongada”, señala la medida.
Además, se instruye a los funcionarios consulares a evaluar si los solicitantes cuentan con recursos económicos suficientes para costear sus tratamientos médicos sin depender de asistencia gubernamental.
El regreso de la política de “carga pública”
Durante su primera Administración, Trump impulsó una política para denegar la residencia permanente a quienes pudieran convertirse en carga pública.
Esa medida fue revocada por la Administración de Joe Biden (2021–2025), pero ahora la Casa Blanca bajo el liderazgo de Trump busca restaurarla como parte de una política migratoria más restrictiva.
La directriz también ordena considerar la edad del solicitante y la salud de sus familiares, incluidos hijos y padres mayores, al evaluar la probabilidad de dependencia futura del Estado.
Críticas y preocupaciones
Organizaciones de derechos humanos y grupos defensores de inmigrantes calificaron la medida como discriminatoria y excluyente, argumentando que vincular la salud o la edad con la elegibilidad para una visa puede afectar comunidades vulnerables y obstaculizar la reunificación familiar.
En contraste, defensores de la política afirman que busca proteger los recursos públicos y garantizar que los inmigrantes puedan cubrir sus necesidades médicas sin ayuda estatal. Analistas señalan que la implementación podría ralentizar los procesos migratorios y generar aumento de apelaciones legales por parte de solicitantes denegados.
Con esta nueva directriz, la administración Trump da un giro drástico hacia una política migratoria más restrictiva, reactivando un debate que divide al país entre seguridad económica y derechos humanos.
