El Tribunal Constitucional (TC) validó la legalidad de la fusión entre el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD), dando origen al nuevo Ministerio de Hacienda y Economía.
Mediante la sentencia TC/0288/26, el órgano de control constitucional rechazó de manera definitiva un recurso que pretendía invalidar dicha unión institucional.
La acción directa de inconstitucionalidad había sido interpuesta por el ciudadano Wilkin Antonio Moreno Abreu, quien sostenía en su demanda que la Ley núm. 45-25, pieza legislativa que dispone la fusión de ambas carteras, debió ser aprobada obligatoriamente como una «ley orgánica».
El accionante argumentaba que, al tratarse de temas sensibles como el presupuesto y la planificación del Estado, la norma estaba sujeta a lo dispuesto en el artículo 112 de la Constitución, el cual exige una mayoría calificada y un procedimiento legislativo especial para ciertas materias fundamentales.
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Tras un análisis exhaustivo del caso, la alta corte determinó que la Ley 45-25 se ajusta plenamente a la Carta Magna.
El tribunal precisó que la normativa no incurrió en ninguna extralimitación de funciones, ya que su objetivo principal es organizar y distribuir las competencias funcionales dentro de la administración pública, con el firme propósito de optimizar el gasto estatal.
En su dictamen, los magistrados establecieron el importante criterio de que las leyes que crean, reforman, fusionan o eliminan ministerios no forman parte de las materias reservadas exclusivamente a las leyes orgánicas, por lo que su aprobación en el Congreso Nacional como ley ordinaria fue totalmente correcta.
Respecto al régimen financiero, el TC argumentó que esta reorganización de carácter administrativo no vulnera ni altera el régimen económico-financiero establecido en la Constitución.
Asimismo, el tribunal descartó por completo el argumento sobre la supuesta eliminación de mecanismos de control o contrapesos institucionales, señalando que dicha afirmación carecía de sustento jurídico.
La decisión adoptada por el pleno no fue unánime. La magistrada Army Ferreira emitió un voto disidente, marcando una clara postura de desacuerdo con la mayoría del tribunal, el cual es presidido por el magistrado Napoleón Ricardo Estévez Lavandier.
Ferreira cuestionó la interpretación realizada al artículo 112 constitucional por considerarla «restrictiva».
A juicio de la magistrada, el Tribunal Constitucional debió profundizar con mayor rigor en el impacto real de concentrar, en una sola entidad pública, tanto las facultades de planificación como las de finanzas. En ese sentido, advirtió que este modelo centralizado podría poner en riesgo el equilibrio institucional y la independencia funcional de los sistemas de inversión pública del Estado.
La Ley 45-25 fue promulgada por el presidente Luis Abinader el 22 de julio de 2025, disponiendo de manera inmediata la fusión del Ministerio de Hacienda y el MEPyD.
Esta profunda transformación institucional implicó la derogación automática de la Ley 496-06, del 28 de diciembre de 2006, legislación que había creado la entonces Secretaría de Estado de Economía, Planificación y Desarrollo.
La pieza legislativa fue aprobada de urgencia por la Cámara de Diputados en su sesión del 15 de julio de 2025, tras haber sido sancionada previamente por el Senado de la República el 22 de mayo de ese mismo año.
El texto de la ley establece que su objetivo central es asegurar una articulación más eficiente entre la política fiscal y el sistema nacional de planificación e inversión pública, en perfecta coherencia con los principios constitucionales de eficiencia, sostenibilidad fiscal y buena administración pública.
La nueva legislación reorganiza y consolida las estructuras orgánicas de ambos ministerios para dar vida a una única entidad rectora en materia económica, financiera y de planificación en la República Dominicana.
