La Segunda Sala de la Cámara Penal del Distrito Nacional impuso una medida de coerción real por US$5 millones contra las sociedades Dynex Energy Group, Dynex Energy RD, S.R.L. y su representante local, Carlos Matamoros Bregni, entidades vinculadas a la operación de la central eléctrica flotante Karpowership, ubicada en Puerto Viejo, Azua.
La decisión fue emitida por la jueza Clara Luz Almonte, quien autorizó a la empresa Transcaribbean Energy Partners & Consulting (TEPC) a ejecutar embargos retentivos, conservatorios e hipotecas judiciales provisionales sobre los bienes muebles e inmuebles de los imputados.
Rechazan impedimento de salida del país
Aunque el tribunal acogió las medidas cautelares de carácter económico solicitadas por la parte querellante, rechazó imponer un impedimento de salida del país contra Carlos Matamoros Bregni.
La magistrada consideró que el hecho de que el representante de Dynex sea extranjero no constituye, por sí solo, una presunción de peligro de fuga y que no fueron presentados elementos suficientes para justificar esa restricción.
Asimismo, fundamentó la imposición de las medidas patrimoniales en la existencia de un «crédito justificado en principio» y en la necesidad de evitar una eventual insolvencia de los imputados durante el proceso.
Embargos alcanzan bienes y pagos pendientes
Los abogados de la parte querellante, Jorge Lora Castillo y Jorge Lora Olivares, explicaron que los embargos autorizados abarcan no solo los bienes de las empresas y de su representante, sino también las sumas de dinero que terceros deban pagar por la operación de las barcazas eléctricas en Azua.
Según indicaron, esos fondos permanecerán retenidos hasta cubrir el monto autorizado por el tribunal.
El origen del conflicto
De acuerdo con la documentación depositada ante el tribunal, la controversia se deriva de un contrato suscrito el 25 de mayo de 2018, mediante el cual Dynex designó a TEPC como socio local exclusivo para desarrollar el proyecto de generación térmica en República Dominicana.
El acuerdo establecía una distribución de los ingresos de 55 % para TEPC y 45 % para Dynex.
La empresa querellante sostiene que, pese a que las barcazas de 188 megavatios ya se encuentran operando y generando ingresos, no ha recibido el porcentaje pactado, pese a haber invertido más de seis años en estudios técnicos, obtención de permisos y gestiones institucionales para el desarrollo del proyecto.
Alegan incumplimiento del acuerdo
Según los abogados de TEPC, un auxilio judicial tramitado a través de la Superintendencia de Bancos identificó 18 transferencias realizadas por Karpowership a Dynex entre marzo y abril de 2025.
De acuerdo con la querella, los imputados habrían recibido RD$15,098,459.04 y US$3,098,396.71, montos sobre los cuales alegan que no fue entregado a TEPC el 55 % establecido en el contrato.
“Las barcazas están en Azua generando y cobrando todos los meses. Nuestro representado puso seis años de trabajo y recursos propios, y lo que recibió fue silencio. La única vía para detener estos embargos es pagar”, expresaron los abogados Jorge Lora Castillo y Jorge Lora Olivares.
Hasta el momento, las empresas señaladas en el proceso no han informado públicamente su posición respecto a las alegaciones presentadas por la parte querellante.
