La legislación, aprobada por el Congreso en abril, establece que ByteDance tiene hasta el 19 de enero para vender sus operaciones en EE.UU. a un inversor de un país que no sea considerado un «adversario» por el gobierno estadounidense.
En caso contrario, la red social, que cuenta con 170 millones de usuarios en el país, podría ser prohibida.
El Gobierno de Joe Biden, apoyado por congresistas de ambos partidos, teme que TikTok pueda representar un riesgo para la seguridad nacional, argumentando que el Gobierno chino podría acceder a datos de los usuarios y manipular la opinión pública.
Durante la audiencia, el abogado de TikTok, Andrew Pincus, defendió que la empresa está comprometida con la protección de los datos y acusó al gobierno de no haber demostrado que la aplicación sea una amenaza.
También argumentó que la ley vulnera la Primera Enmienda de la Constitución, que protege la libertad de expresión.
Si la ley entra en vigor, las principales tiendas de aplicaciones, como Apple y Google, se verán obligadas a retirar TikTok de sus catálogos, afectando a millones de usuarios. Biden tiene la facultad de extender el plazo de venta hasta tres meses adicionales si considera que ByteDance está avanzando en el proceso.
La batalla judicial tiene lugar en un contexto político delicado, ya que tanto las campañas de Donald Trump como la de Kamala Harris están activas en TikTok, buscando conectar con votantes jóvenes en plena carrera electoral.
