Santo Domingo.– Crear una Superintendencia de Aviación Civil podría simplificar la regulación aeronáutica dominicana, reducir duplicidades y acelerar determinadas decisiones. Pero también podría convertirse en una nueva carga para el presupuesto público si termina funcionando junto a las estructuras que pretende unificar.
Ese es uno de los principales puntos que deberá aclararse tras la propuesta del nuevo asesor de Aviación Civil del Poder Ejecutivo, Héctor Porcella.
Actualmente no existe un proyecto de ley público acompañado de una memoria económica que permita establecer cuánto costaría la nueva institución. Por tanto, cualquier cifra específica sobre su costo sería prematura.
Lo que sí puede analizarse es dónde estarían los posibles ahorros y dónde aparecerían nuevos gastos.
¿Cuál sería el beneficio?
El principal argumento a favor de la reforma sería la simplificación institucional.
La Ley 491-06 divide competencias entre el IDAC y la JAC. El primero supervisa buena parte de los aspectos técnicos y de seguridad operacional, mientras la segunda establece políticas y regula aspectos económicos del transporte aéreo.
Una autoridad única podría centralizar procedimientos, información y decisiones.
Para una aerolínea interesada en establecer nuevas operaciones, por ejemplo, un modelo de ventanilla regulatoria integrada podría reducir trámites entre organismos distintos, siempre que la nueva legislación esté diseñada para ello.
Otro beneficio potencial sería disminuir gastos administrativos duplicados en áreas como tecnología, administración, recursos humanos, comunicaciones, compras, servicios generales y asesoría jurídica.
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Pero ese ahorro no ocurre automáticamente por fusionar instituciones.
La pregunta de los millones: ¿cuánto costaría?
Aquí está el punto que merece mayor vigilancia periodística.
Crear una superintendencia desde cero normalmente supone gastos iniciales: estructura administrativa, plataforma tecnológica, oficinas, transferencia de expedientes y sistemas, nueva identidad institucional, reglamentos, reorganización de personal y eventualmente indemnizaciones o prestaciones derivadas de una reestructuración.
Sin embargo, todavía no existe una estimación oficial pública del costo de la propuesta de Porcella.
Y hay una diferencia enorme entre dos escenarios.
Si la Superintendencia sustituye estructuras existentes, absorbiendo personal, presupuesto, instalaciones y tecnología, el Gobierno podría argumentar que busca generar ahorros a mediano plazo.
Pero si se crea la Superintendencia y permanecen prácticamente intactas las instituciones actuales, aparecería una nueva estructura burocrática que podría incrementar el gasto.
Ese detalle será determinante.
Incluso la JAC recibe recursos del IDAC
La propia Ley 491-06 contiene un elemento interesante para el debate sobre costos.
Su artículo 206 dispone que los recursos financieros necesarios para las funciones de la JAC, con base en su presupuesto anual aprobado, provienen de fondos del IDAC.
Esto significa que cualquier reforma tendría que redefinir no solamente quién regula, sino también cómo se financiará la nueva autoridad y qué ocurrirá con las fuentes de ingresos existentes.
Seguridad aérea: unificar no significa concentrarlo absolutamente todo
Hay otro aspecto delicado.
La investigación de accidentes requiere independencia respecto de autoridades cuyos intereses puedan entrar en conflicto con una investigación.
Precisamente la legislación dominicana establece que la Comisión Investigadora de Accidentes de Aviación debe actuar con independencia funcional frente a las autoridades aeronáuticas y aeroportuarias.
Por eso, aunque una nueva Superintendencia concentre numerosas competencias, el diseño institucional tendría que evitar que una misma dependencia regule determinadas operaciones y posteriormente investigue de manera subordinada un accidente relacionado con aquello que supervisó.
¿Qué tendría que demostrar el Gobierno?
Antes de determinar si la propuesta representa realmente un ahorro, deberían conocerse al menos cuatro elementos: cuánto costaría implementarla, qué instituciones o estructuras serían eliminadas o absorbidas, cuánto dinero manejan actualmente las funciones que serían fusionadas y cuál sería el ahorro anual proyectado después de la transición.
Sin esos números, todavía no es posible afirmar que la Superintendencia reducirá el gasto público.
Lo que Porcella ha colocado sobre la mesa es, por ahora, una propuesta de reorganización institucional.
Su conveniencia económica solo podrá medirse cuando exista un proyecto concreto acompañado de estructura, presupuesto y análisis de impacto.
