Los abogados que representan al doctor Julio César Castillo Núñez, a sus hijos y a la señora Massiel Almonte solicitaron al juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional la imposición de medidas de coerción reales y personales contra los imputados Antonio y Maribel Espaillat, así como contra su madre, Ana Grecia López.
Los juristas Ingrid Hidalgo Martínez, Manuel Antonio García y José Antonio Valdés fundamentaron sus pretensiones civiles en la solidez de la acusación presentada por el Ministerio Público. Aseguraron que existen pruebas suficientes para destruir la presunción de inocencia de los encartados en un eventual juicio de fondo.
En tal sentido, solicitaron al tribunal la autorización para inscribir hipotecas judiciales provisionales y trabar embargos retentivos sobre los bienes y cuentas bancarias de los acusados. Los montos exigidos como reparación civil y garantía se desglosan de la siguiente manera: para la familia Castillo Ricard, solicitaron medidas por un monto de RD$300 millones.
El doctor Julio César Castillo, a título personal, solicitó el embargo de bienes por un valor de RD$100 millones. Asimismo, la familia Javier Almonte, en representación de Massiel Almonte —viuda de Octavio Dotel, quien falleció en la tragedia de la discoteca Jet Set— y sus hijos menores de edad, solicitó la autorización para trabar embargos por RD$60 millones. Además reclama una indemnización por 300 millones de pesos.
Adicionalmente, pidieron la imposición de una garantía económica de RD$75 millones en efectivo para cada uno de los imputados. Ingrid Hidalgo Martínez señaló que se adhieren en todas sus partes a la acusación del Ministerio Público, tanto en el relato fáctico como en la calificación jurídica.
«Entendemos que la acusación es contundente y tiene la capacidad probatoria para que, en un juicio de fondo, se demuestre la culpabilidad de los justiciables«, afirmó la jurista durante su intervención. Además de las medidas económicas, la parte querellante solicitó que se declare «buena y válida» la constitución en actor civil de todas las víctimas mencionadas y que se admitan la totalidad de las pruebas documentales, testimoniales y periciales aportadas.
Finalmente, solicitaron que los imputados sean condenados al pago de las costas legales del procedimiento.
