La Vega. – La Fiscalía de La Vega solicitó este sábado 18 meses de prisión preventiva contra el subdirector y seis agentes del Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) El Pinito, acusados de realizar agresiones físicas sistemáticas a internos, incluyendo la muerte de uno de ellos.
En el documento de solicitud de medida de coerción, el Ministerio Público pidió que el caso sea declarado de tramitación compleja, debido a la gravedad de los hechos y la gran cantidad de pruebas recopiladas, entre ellas documentales, periciales y materiales.
Según informó la fiscal titular de La Vega, Aura Luz García Martínez, la investigación, denominada “Caso Antídoto II”, comenzó tras una denuncia presentada el 30 de agosto de 2024 por la Comisión de Cárceles de la Oficina Nacional de la Defensa Pública, que alertaba sobre torturas y malos tratos en el penal.
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Acusaciones y fundamentos legales
Los imputados son el subdirector del centro, José Luis Agramonte, y los agentes Julio Alcibíades Montás Pérez, Robert De La Rosa, Joheny de Mora Moreta, José Benjamín Jerez Pérez, Ariel Meregildo y Santo Beltré Reyes, todos de 31 años.
Los cargos que enfrentan varían según su nivel de implicación, pero en su mayoría están acusados de homicidio agravado, asociación de malhechores, coalición de funcionarios, abuso de autoridad, así como de tortura y actos de barbarie, conforme a lo establecido en los artículos 123, 124, 125, 186, 265, 266, 295, 302 y 303 del Código Penal Dominicano.
En particular, Jerez, Meregildo y Beltré también están imputados por golpes y heridas voluntarias, según los artículos 309 y 303 del Código Penal.
El expediente señala que el interno Wilgens Nicolás Vargas murió el 1 de septiembre de 2024 a causa de las agresiones recibidas en el recinto penitenciario, lo que agrava la situación legal de los implicados.
Justificación de la prisión preventiva
El Ministerio Público considera que la prisión preventiva es la medida más adecuada para evitar la obstaculización de la investigación y asegurar la presencia de los imputados durante el proceso judicial.
«La gravedad de los hechos y la pena a imponer generan un alto riesgo de fuga, además de que los imputados, en su calidad de agentes penitenciarios, podrían interferir en la recolección de pruebas o influenciar a testigos si permanecen en libertad», argumenta el Ministerio Público en su solicitud.
Finalmente, la Fiscalía de La Vega destacó que este caso forma parte de los esfuerzos del Ministerio Público por erradicar la corrupción y los abusos en el sistema penitenciario, asegurando el respeto a los derechos humanos de las personas privadas de libertad.
